El presidente Abelardo De La Espriella salió al cruce de la comunicación que el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, remitió a la Corte Penal Internacional (CPI). Según la información publicada por El Tiempo, el Mandatario negó que la discusión sobre el presupuesto del tribunal de paz constituya una asfixia presupuestal o una venganza política contra esa jurisdicción.
La JEP es el tribunal colombiano creado para juzgar los delitos más graves del conflicto armado, en el marco del Acuerdo de Paz firmado en 2016. Su financiación depende del Presupuesto General de la Nación, que cada año discute y aprueba el Congreso por iniciativa del Gobierno nacional.
El cruce de comunicaciones ocurre en medio del trámite presupuestal que define cuánto dinero recibirá la JEP en la próxima vigencia. Ramelli, según El Tiempo, decidió llevar el asunto hasta la CPI, el tribunal internacional con sede en La Haya que puede investigar crímenes de lesa humanidad y de guerra.
De La Espriella rechazó el tono de la carta y sostuvo que el debate presupuestal hace parte del funcionamiento normal de las instituciones. El Presidente argumentó que presentar la discusión como una retaliación no corresponde a la realidad del proceso.
La respuesta presidencial se produce en un contexto de tensión entre el Gobierno y sectores del sistema de justicia transicional. Organismos de control y organizaciones internacionales han advertido en años anteriores sobre la importancia de garantizar recursos suficientes para que la JEP cumpla su mandato.
Para los ciudadanos, el punto de fondo es si la JEP recibirá los recursos necesarios para avanzar en los macrocasos y en las decisiones pendientes. La Jurisdicción tiene bajo su responsabilidad investigaciones por miles de víctimas del conflicto, y la continuidad de su trabajo depende de manera directa de la asignación presupuestal.
El pronunciamiento del Presidente deja abierta la pulseada institucional. Queda por verse si la JEP mantiene su queja ante la CPI y si el Congreso, al estudiar el presupuesto, modifica o no la propuesta inicial del Gobierno para esa entidad.
Por ahora, ambas partes expusieron sus argumentos a través de medios y comunicaciones oficiales. El desenlace dependerá de las decisiones presupuestales que se adopten en las próximas semanas y de los eventuales pronunciamientos de la Corte Penal Internacional.