El abogado Abelardo de la Espriella, quien figura como precandidato presidencial para las elecciones de 2026, hizo pública su declaración de patrimonio ante la Dian y ante Función Pública. La revelación se produjo en un momento en el que distintos sectores exigen mayor transparencia sobre los bienes de quienes aspiran a cargos de elección popular.
Según el reporte de Infobae, especialistas en impuestos y transparencia que revisaron el formato detectaron varias inconsistencias. Identificaron rubros sin diligenciar y una ausencia de soporte documental que acredite el origen de los recursos declarados por el precandidato.
La declaración de patrimonio es un documento obligatorio para los servidores públicos y para quienes aspiran a ejercer funciones del Estado. El formato, administrado por la Dian y reportado a Función Pública, exige detallar activos, pasivos y el origen de los ingresos para prevenir el ocultamiento de bienes o el lavado de activos.
El ejercicio de transparencia proactiva, como publicar la declaración antes de que sea solicitada, no es una obligación legal para los precandidatos. Sin embargo, distintos gremios y veedurías ciudadanas han promovido esta práctica como una herramienta para que el electorado conozca la situación económica de quienes buscan la Presidencia.
Los vacíos señalados por los especialistas reabren el debate sobre los controles existentes. Cuando una declaración carece de soportes suficientes sobre el origen de los recursos, las autoridades competentes pueden requerir aclaraciones o iniciar procesos de verificación, de acuerdo con las competencias de la Dian y de los organismos de control.
Para la ciudadanía, el episodio plantea una pregunta directa: qué tan confiable es la información patrimonial de quien aspire a la primera magistratura del país. En procesos electorales anteriores, la falta de claridad sobre los bienes de los candidatos ha sido utilizada por la opinión pública y por los rivales políticos para cuestionar la idoneidad de los aspirantes.
En lo inmediato, el caso deja varios puntos por resolver. Los especialistas esperan que Espriella publique los formatos completos con los soportes pendientes. También queda en manos de la Dian determinar si la declaración cumple con los requisitos técnicos o si procede un requerimiento formal de información adicional.
El episodio se conoce en una etapa temprana del calendario electoral, cuando los precandidatos empiezan a consolidar sus equipos y a perfilar sus propuestas. Cualquier observación sobre su patrimonio puede convertirse en un factor de juicio para los electores y en insumo para el debate político que se avecina.