El presidente Abelardo De La Espriella afirmó que la administración que recién inició sigue hallando “sorpresas” y “despilfarro” en el manejo de los recursos públicos. Según sus palabras, uno de los puntos que más ha llamado la atención es lo que se pagó en honorarios a los voceros y negociadores que hicieron parte de la política conocida como Paz Total, impulsada por el gobierno de Gustavo Petro.
La declaración se produjo en el contexto de las revisiones que el nuevo gobierno viene haciendo sobre las finanzas y los compromisos contractuales que quedaron vigentes al cierre de la administración anterior. De La Espriella enmarcó esos pagos como parte de un patrón de gasto que, a su juicio, no se corresponde con las necesidades prioritarias del país.
La Paz Total fue la estrategia con la que el gobierno de Petro buscó abrir mesas de diálogo simultáneas con distintos grupos armados y estructuras criminales. Para sostener esas conversaciones, el Estado suscribió contratos con voceros, gestores de paz y representantes de las comunidades, a quienes se les reconocieron honorarios mensuales. La figura de los voceros de paz tiene origen en normas anteriores, pero su uso se amplió en este periodo para facilitar los acercamientos.
El monto exacto que el nuevo gobierno cuestionó no fue precisado por la fuente. Lo que el presidente transmitió es que se trata de una “millonada” y que el hallazgo se suma a otros rubros que están siendo auditados. Las palabras textuales del mandatario fueron: “Seguimos encontrando sorpresas, despilfarro”, en referencia a lo que gastó la administración anterior en la Paz Total.
El debate que se abre no es solo contable. Para los defensores de la política, los pagos a voceros y negociadores son un instrumento legítimo para abrir canales de diálogo en medio del conflicto. Para sus críticos, esos recursos se pudieron haber destinado a inversión social o a fuerza pública, o se entregaron sin suficiente fiscalización sobre los resultados de cada mesa.
La denuncia se conoce cuando el nuevo gobierno está evaluando qué contratos de la Paz Total continúan, cuáles se ajustan y cuáles se dan por terminados. La transición entre administraciones obligó a revisar los acuerdos firmados a finales de 2025 y comienzos de 2026, en un escenario en el que varias mesas de diálogo están en distintas etapas de desarrollo.
Para la ciudadanía, el impacto es doble. Por un lado, está la expectativa de que se aclaren los rubros y se determine si hubo irregularidades. Por el otro, está la preocupación de que las mesas de diálogo que ya avanzaban se vean afectadas por la decisión de suspender pagos o cambiar interlocutores. La política de paz es, por su naturaleza, un proceso de largo plazo.
Por ahora, el gobierno de De La Espriella no ha detallado públicamente la lista de contratos ni los nombres de los voceros cuyos honorarios están en revisión. La fuente tampoco reporta reacciones de los voceros o de los negociadores involucrados. Queda por verse si la auditoría derivará en acciones legales, en ajustes administrativos o en una reformulación de la estrategia de negociación con los grupos armados.