El presidente Abelardo de la Espriella, en su condición de exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social, afirmó que el programa Colombia Mayor, que entrega subsidios a los adultos mayores en condición de pobreza y vulnerabilidad, arrastra un déficit presupuestal que se mantiene de forma permanente, según reportó Infobae.
De la Espriella sostuvo que la promesa de elevar el valor del subsidio entregado a los beneficiarios depende de que se apruebe la reforma pensional que actualmente tramita el Congreso. Sin ese cambio estructural, aseguró, no existirá el espacio fiscal necesario para ampliar el monto que reciben cerca de 1,7 millones de personas inscritas en el programa, de acuerdo con información oficial del DPS.
El programa Colombia Mayor nació como una transferencia no contributiva dirigida a personas mayores de 65 años que no cuentan con una pensión. Funciona con recursos del Presupuesto General de la Nación y ha tenido ajustes en su monto y en su focalización a lo largo de los distintos gobiernos. La observación del ahora presidente electo pone sobre la mesa una tensión conocida: la diferencia entre la cobertura oficial y los recursos efectivamente disponibles para sostenerla en el tiempo.
La respuesta vino de Gustavo Bolívar, quien también dirigió el DPS en un periodo reciente. En declaraciones recogidas por Infobae, afirmó que el aumento del subsidio exige alistar alrededor de 15 billones de pesos anuales, una cifra que dimensiona el reto fiscal detrás del anuncio presidencial. Bolívar señaló que ese es el orden de magnitud que el gobierno entrante debe garantizar si quiere cumplir el compromiso.
La discusión se enmarca en un debate más amplio sobre la protección social a los adultos mayores en Colombia. Organizaciones de pensionados y defensores de derechos humanos han pedido reiteradamente incrementos en los montos y mejoras en la cobertura, argumentando que el valor actual del subsidio es insuficiente frente al costo de vida y frente a la línea de pobreza monetaria.
Para los beneficiarios, el impacto es directo. Un alza del subsidio representaría mayor capacidad de compra de alimentos, medicamentos y servicios básicos, en un país donde buena parte de los adultos mayores carece de ingresos formales y depende de la red familiar o del Estado. El desfinanciamiento, en cambio, implica que cualquier ampliación prometida podría traducirse en atrasos o en ajustes a la baja en la entrega del beneficio.
La reforma pensional, cuya discusión continúa en el Legislativo, es vista como la pieza clave para reordenar las fuentes de financiamiento del sistema de protección a la vejez. En ese debate confluyen propuestas sobre edad de jubilación, semanas de cotización y ampliación de la cobertura. De su trámite depende, según lo dicho por el propio presidente, que el anuncio de aumentar el bono sea viable más allá del discurso de campaña.
Queda pendiente conocer la posición concreta del nuevo gobierno sobre los plazos y el mecanismo para asegurar los recursos adicionales. También será necesario establecer si la ampliación del subsidio se hará de manera gradual o de un solo tramo, y cómo se concilia con las restricciones fiscales y con el contenido final que adopte la reforma pensional.