El presidente electo Abelardo De la Espriella confirmó que su despacho funcionará desde el Palacio de San Carlos, en Bogotá, y no desde la Casa de Nariño. Así lo informó el medio Río Noticias, que citou declaraciones del propio mandatario electo.
De la Espriella también anunció que la Casa de Nariño, sede histórica del Ejecutivo colombiano desde 1846, quedará abierta al público. La idea, según el reporte, es que el edificio funcione como un espacio de acceso ciudadano, similar a un museo.
La Casa de Nariño está ubicada en la Plaza de Bolívar y ha sido escenario de eventos políticos y gubernamentales por más de un siglo y medio. Su uso cotidiano como despacho presidencial coexiste con recorridos turísticos y ceremonias oficiales.
El Palacio de San Carlos, que actualmente es la sede de la Cancillería de Colombia, es uno de los inmuebles más antiguos del centro histórico de Bogotá. Su construcción se remonta al periodo colonial y fue adquirido por el Estado colombiano en el siglo XIX.
Si se concreta el traslado del despacho presidencial a San Carlos, será la primera vez que un presidente en ejercicio trabaje desde ese edificio. Los últimos mandatarios han mantenido la costumbre de despachar en Nariño.
La apertura de la Casa de Nariño al público implicaría cambios logísticos y de seguridad, dado que el edificio sigue siendo sede de actividades oficiales del Estado. El Gobierno entrante deberá definir horarios, recorridos y protocolos de visita.
La medida todavía no tiene fecha de inicio confirmada por fuentes oficiales distintas al reporte de Río Noticias. Tampoco se conocen detalles sobre el manejo de las áreas que hoy ocupan funcionarios, asesores y oficinas del equipo presidencial.
El anuncio llega en medio del proceso de empalme entre el gobierno saliente y el equipo de De la Espriella, que comenzó en mayo pasado. Las decisiones sobre infraestructura y funcionamiento del Ejecutivo suelen discutirse en esa etapa de transición.
Para los bogotanos y visitantes, el cambio representa una oportunidad de recorrer un edificio que normalmente tiene acceso restringido. Al mismo tiempo, abre preguntas sobre cómo se preservará la seguridad y la operatividad de las funciones presidenciales.