El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, cuestionó públicamente al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, en el marco del lanzamiento de su discurso anticorrupción, según informó EL PAÍS. La crítica se produce cuando faltan aproximadamente un año para las elecciones regionales en el país.
Acuña es un dirigente político con trayectoria en Sucre y ha ocupado cargos de elección popular. El alcalde enfrenta varios procesos judiciales, un dato que la fuente registra como antecedente inmediato de la intervención de De la Espriella.
Los señalamientos del presidente se inscriben en una línea discursiva centrada en la lucha contra la corrupción que el Gobierno viene promoviendo. En su alocarlar a la Nación, De la Espriella ha reiterado la necesidad de que los mandatarios locales y regionales rindan cuentas sobre el manejo de los recursos públicos.
El discurso anticorrupción cobra particular importancia en un año preelectoral. Las elecciones regionales de 2026 renovarán alcaldías, gobernaciones, concejos, asambleas y Juntas Administradoras Locales en todo el territorio nacional.
La referencia directa a un alcalde en el discurso presidencial es inhabitual. Las alocuciones suelen abordar políticas generales, y mencionar a un funcionario local le da un carácter personalizado al mensaje anticorrupción.
El efecto político de esta señal puede sentirse en la competencia electoral por la Alcaldía de Sincelejo. Un alcalde en ejercicio que recibe cuestionamientos desde la Casa de Nariño enfrenta un escenario adverso para su aspiración a la reelección o para el posicionamiento de su movimiento.
En lo institucional, el caso pone en primer plano el seguimiento que la Presidencia hace de las investigaciones judiciales contra mandatarios locales. La Jurisdicción Especial para la Paz, la Corte Suprema y la Fiscalía mantienen causas abiertas contra varios alcaldes y exalcaldes del país.
Para los ciudadanos de Sincelejo, el cruce entre el discurso presidencial y la situación judicial de su alcalde abre un debate sobre la transparencia en la contratación, la ejecución de obras y el manejo de los recursos del municipio. Organizaciones civiles y veedurías ciudadanas suelen ser las que documentan presuntas anomalías en la gestión local.
Queda por ver si el Gobierno acompañará los señalamientos con acciones concretas, como solicitudes formales a los entes de control o apoyo a las investigaciones en curso. La fuente consultada, EL PAÍS, no reporta pronunciamientos adicionales del alcalde Acuña tras la crítica de De la Espriella.