El candidato Abelardo de la Espriella concedió una entrevista a la comunicadora Vicky Dávila en la recta final de la jornada electoral, según reporta el diario El País. En ese diálogo, el aspirante formuló una declaración de alto voltaje institucional: en su lectura, si el Gobierno nacional llegara a desconocer el orden constitucional, las Fuerzas Armadas deberían actuar para restablecerlo.
La afirmación reitera un eje discursivo que el candidato había venido expresando a lo largo de la campaña y lo lleva a un escenario concreto: la posibilidad de una actuación militar frente a un Ejecutivo que, según su criterio, se aparte de la legalidad. Se trata de una posición que toca de lleno el principio de subordinación civil de la Fuerza Pública, uno de los pilares del diseño institucional colombiano.
El extracto publicado por El País subraya que la conversación evitó preguntas incómodas. Esa caracterización sugiere que la entrevista no avanzó sobre puntos sensibles del candidato, como eventuales explicaciones sobre su trayectoria, sus propuestas en temas neurálgicos o sus vínculos previos. La dinámica del diálogo, en consecuencia, dejó más espacio a la exposición del propio candidato que al contraste periodístico.
Para entender el peso de la frase conviene situar el rol que la Constitución asigna a las Fuerzas Armadas en Colombia. La Carta Política establece que la Fuerza Pública no es deliberante y que sus miembros están al servicio de la Nación, no de un partido ni de un Gobierno específico. Cualquier llamado a que la institución armada “restaure el orden” por iniciativa propia choca con ese marco, salvo en escenarios explícitos previstos por la ley, como las declaratorias de conmoción interior o el estado de emergencia económica, social y ecológica.
La declaración ocurre además en un contexto de polarización política marcado por la desconfianza de amplios sectores frente a las reformas promovidas por el Gobierno saliente. Esa atmósfera explica, en parte, por qué un mensaje de ruptura institucional encuentra eco en una porción del electorado: la promesa de un contrapeso vigoroso frente al Ejecutivo conecta con el deseo de control sobre el rumbo del país.
La propuesta, no obstante, plantea interrogantes prácticos. ¿Quién define si un Gobierno “desconoce el orden”? ¿Con qué criterios operan los altos mandos militares ante un llamado de esa naturaleza, si llegara a producirse? ¿Qué garantías tendría la ciudadanía de que la actuación castrense se ciña a la Constitución y no derive en una ruptura del orden democrático? La entrevista, según la fuente, no abordó estos puntos con profundidad.
En términos de impacto ciudadano, el mensaje interpela directamente a tres audiencias. Primero, al personal uniformado, que recibe un pronunciamiento sobre su rol en un eventual escenario de choque institucional. Segundo, a la oposición política, que encuentra un recurso retórico para presionar al Ejecutivo. Tercero, al votante indeciso, que observa cómo el candidato articula una respuesta drástica frente a la crisis de confianza en las instituciones.
Sobre lo que viene, El País no reporta reacciones oficiales del Gobierno ni de las Fuerzas Armadas a la entrevista, ni tampoco pronunciamientos de los comandos militares sobre el contenido de las declaraciones. Tampoco se detalla en el extracto divulgado la duración total de la conversación ni los demás temas tratados más allá de la afirmación sobre el orden institucional y la dinámica de las preguntas evitadas.
En síntesis, el candidato deja fijada una posición maximalista sobre la relación entre Gobierno y Fuerza Pública a pocas horas de la votación. Queda pendiente saber si esa postura se sostendrá en el eventual ejercicio del cargo, cómo se traduciría en decisiones concretas y qué lectura harán de ella tanto el electorado como las propias instituciones citadas en su declaración. La fuente consultada es El País.