El presidente electo Abelardo de la Espriella radicó formalmente ante el Congreso de Colombia la petición de trasladar la sesión de investidura presidencial a la ciudad de Cali. La decisión final, según lo reportado por Diario Las Américas, no depende del Gobierno ni del equipo cercano al mandatario, sino del trámite legislativo que deben surtir las dos cámaras.
En Colombia, la posesión del jefe de Estado se realiza el 7 de agosto ante el Congreso reunido en sesión plena, conforme lo establece la Constitución. Tradicionalmente esa ceremonia ocurre en el Capitolio Nacional, en Bogotá, donde se concentran las bancadas del Senado y la Cámara de Representantes.
La propuesta de cambiar la sede implica un movimiento atípico dentro del protocolo de transmisión de mando. Para que la ceremonia salga de Bogotá se requiere que el Senado y la Cámara aprueben, en cada una de sus plenarias, una proposición que autorice la sesión fuera de la sede habitual del legislativo.
De acuerdo con el extracto de Diario Las Américas, el cambio de locación dependerá exclusivamente del Congreso. Esto significa que, sin el aval de las mesas directivas y de las bancadas, la solicitud del presidente electo no podría concretarse, independientemente del respaldo político del nuevo gobierno.
En la práctica, una posesión presidencial fuera de Bogotá no tiene antecedentes recientes en la historia contemporánea del país. Las ceremonias de 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022 se celebraron en la Plaza de Bolívar o en el interior del Capitolio Nacional, con transmisión desde el Congreso.
El traslado, de aprobarse, tendría efectos logísticos y de seguridad. Cali, capital del Valle del Cauca, debería garantizar el dispositivo para recibir a los congresistas, al cuerpo diplomático, a las delegaciones internacionales invitadas y a los invitados especiales que normalmente asisten a la transmisión de mando.
La solicitud también abre un debate sobre el simbolismo de la jornada. Mientras algunos sectores podrían leer el gesto como una señal de cercanía con las regiones, otros podrían interpretarlo como un cambio en la tradición republicana que vincula la posesión con el centro político e institucional del país.
Por ahora, la pelota está en manos del Congreso. Hasta que las plenarias del Senado y de la Cámara no voten la proposición, la ceremonia del 7 de agosto mantiene su sede tradicional en Bogotá, y el pedido del presidente electo queda en etapa de trámite legislativo.
Diario Las Américas recordó que el mecanismo es claro: cualquier modificación debe pasar por el voto favorable de ambas cámaras para que la sesión solemne pueda celebrarse en una ciudad distinta a la capital.