El Centro Democrático radicó ante el Congreso un proyecto de ley que le otorgaría al presidente Abelardo de la Espriella facultades extraordinarias por seis meses. Con esas facultades, el Ejecutivo podría fusionar, suprimir o reorganizar entidades de la Administración Pública Nacional mediante normas con fuerza de ley, según informó Infobae.
El objetivo declarado de la iniciativa es agilizar los ajustes en la estructura del Estado y reducir costos administrativos. El mecanismo de facultades extraordinarias permitiría al Gobierno modificar el ordenamiento sin tramitar cada cambio de forma individual ante el Legislativo, un proceso que suele extenderse en debates y conciliaciones.
En Colombia, las facultades extraordinarias son una figura prevista en la Constitución para casos de necesidad pública o conveniencia nacional. El Congreso las concede mediante ley y el presidente puede dictar decretos con fuerza material de ley durante un tiempo determinado y con materias precisas. El mecanismo se ha usado en gobiernos anteriores para reformas administrativas y tributarias, aunque su uso ha sido objeto de debate por el nivel de poder que concentra en el Ejecutivo.
La propuesta llega en un momento en que el Gobierno ha planteado la necesidad de adelgazar la estructura ministerial. La fusión o eliminación de ministerios implica cambios en funciones, presupuesto y planta de personal, lo que afecta tanto a los servidores públicos vinculados como a los ciudadanos que reciben los servicios de esas entidades.
Para los ciudadanos, una reorganización ministerial puede traducirse en menos trámites, una ventanilla única para ciertos procedimientos o, por el contrario, en confusiones durante las transiciones. También puede modificar la forma como se accede a programas sociales, becas, subsidios o servicios que dependen de cada cartera.
El proyecto ahora deberá surtir su trámite en el Congreso. En las comisiones constitucionales se debatirá el contenido, el plazo y los límites de las facultades, y en las plenarias se votará la iniciativa. Sectores políticos, académicos y gremiales suelen presentar observaciones sobre el alcance de este tipo de poderes, y la Corte Constitucional tiene la competencia de revisar la constitucionalidad de las leyes que los otorgan.
En el debate público se enfrentan dos visiones. Quienes respaldan las facultades argumentan que la reorganización del Estado requiere agilidad y que el Congreso no puede discutir cada fusión de forma aislada. Quienes las cuestionan advierten sobre el riesgo de concentrar poder en el Ejecutivo y de reducir el control político sobre la estructura administrativa.
El proyecto no especifica aún qué ministerios serían fusionados o suprimidos, ni el ahorro estimado. Esos detalles, según la fuente, se conocerían durante el ejercicio de las facultades, si el Congreso las aprueba. Por ahora, la iniciativa abre la puerta a una reforma amplia de la Administración Pública Nacional en un plazo de seis meses.
El siguiente paso inmediato es el estudio del texto en la Comisión Primera del Senado y de la Cámara, donde se discutirá si se otorga el permiso, por cuánto tiempo y con qué materias específicas. La decisión final corresponde al Congreso pleno, antes de que la ley sea revisada por la Corte Constitucional.