El presidente Abelardo de la Espriella puso sobre la mesa el sistema de fotomultas que opera en distintas ciudades del país. De acuerdo con lo publicado por Revista Semana, el mandatario calificó el mecanismo como una trampa y anunció que será objeto de una revisión integral durante su gobierno.
Para encabezar esa tarea, el presidente confió la misión a la ministra de Transporte, Elsa Noguera. La cartera tendrá a su cargo el análisis del funcionamiento, la operación y el marco que regula estos comparendos electrónicos que se imponen a partir de cámaras de detección.
Las fotomultas son sanciones de tránsito que se generan de manera automática mediante dispositivos tecnológicos, como cámaras y sensores, sin necesidad de que un agente de tránsito detenga al conductor. El sistema se implementó en varias ciudades colombianas con el propósito de reducir la accidentalidad y mejorar el cumplimiento de las normas de tránsito, aunque su uso ha estado rodeado de cuestionamientos.
Entre las críticas recurrentes al esquema se encuentran denuncias ciudadanas sobre cobros considerados excesivos, demoras en la notificación a los conductores y dudas sobre la transparencia en la calibración de los equipos. En distintas ocasiones, conductores y organizaciones civiles han señalado presuntas inconsistencias en la aplicación de las sanciones.
La revisión ordenada por el presidente se enmarca en una preocupación más amplia por la relación entre el Estado y los ciudadanos en materia de tránsito. Para los usuarios, las fotomultas representan un costo significativo, ya que las tarifas pueden afectar el presupuesto familiar, sobre todo cuando se trata de vehículos de trabajo o de uso cotidiano.
La decisión también pone en el centro del debate el papel de los concesionarios y operadores privados que, en muchos casos, administran los equipos y participan en los ingresos generados por las multas. Ese modelo de operación ha sido objeto de observaciones por parte de veedurías y organismos de control en años anteriores.
Con el encargo a la ministra Elsa Noguera, el Gobierno busca esclarecer el funcionamiento real del sistema y adoptar decisiones sobre su continuidad, ajustes o rediseño. La revisión podría incluir aspectos técnicos, jurídicos y contractuales relacionados con la instalación y el mantenimiento de los dispositivos.
Por ahora, conductores y ciudadanía en general esperan conocer los alcances concretos de la revisión, los plazos que se manejarán y si el proceso derivará en cambios normativos, tarifarios o en la suspensión temporal del sistema mientras se adelantan los estudios correspondientes.
El anuncio se produce en un momento en el que la opinión pública muestra una creciente sensibilidad frente a los cobros automáticos y al uso de tecnologías de vigilancia en las vías. El resultado de la revisión ordenada por el presidente será determinante para definir el rumbo de las fotomultas en el país.