El presidente Abelardo de la Espriella anunció que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que actualmente operan en Colombia deberán ser liquidadas. La declaración fue recogida por Red Más y marca un giro de fondo en la organización del sistema de salud, donde las EPS cumplen desde hace décadas el papel de intermediarias entre los usuarios y las instituciones prestadoras de servicios.
Las EPS son las encargadas de afiliar a los ciudadanos al Sistema General de Seguridad Social en Salud, administrar los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y garantizar la atención de los pacientes a través de la red de hospitales y clínicas. Su eliminación representa, en la práctica, el rediseño de uno de los pilares del modelo de salud vigente desde la Ley 100 de 1993.
La determinación presidencial se conoce en un contexto de crisis reiterada del sistema, marcada por quejas acumuladas de usuarios por demoras en citas, negación de servicios y deudas entre los distintos actores del sector. Distintos gobiernos habían planteado reformas al funcionamiento de las EPS, aunque ninguna había llegado al punto de ordenar su liquidación total.
Con el anuncio, el Gobierno abre una etapa de transición que todavía no tiene plazos ni reglamentación detallada. Será el Ministerio de Salud, en coordinación con la Superintendencia Nacional de Salud, el encargado de definir cómo se ejecutará la salida de las EPS y qué figura asumirá sus funciones, entre ellas la afiliación, el pago a los prestadores y la gestión del riesgo en salud de los afiliados.
La medida tiene efectos directos sobre los millones de colombianos afiliados al régimen contributivo y al régimen subsidiado, que hoy dependen de una EPS para acceder a consultas, medicamentos, cirugías y tratamientos de alto costo. Expertos del sector han advertido que cualquier cambio de esta magnitud requiere un plan claro para evitar la interrupción de servicios en plena transición.
El sistema de salud colombiano agrupa a las EPS como intermediarios financieros y administrativos. Los recursos que el Estado gira por cada usuario llegan primero a estas entidades, que luego pagan a clínicas y hospitales. Sin las EPS, el flujo de dinero y la responsabilidad sobre la atención deberán pasar a otro tipo de entidades, lo que obliga a redefinir contratos, presupuestos y mecanismos de control.
El proceso de liquidación de las EPS, si se concreta, supondría una de las transformaciones más profundas del sector salud en las últimas décadas. Por ahora, la ciudadanía espera conocer los pasos concretos que seguirá el Gobierno para que la transición no afecte la continuidad de los tratamientos ni el acceso a los servicios médicos.
La fuente original de esta información es Red Más, que publicó el anuncio presidencial. El Observatorio Ciudadano reproduce el hecho y quedará atento a los pronunciamientos oficiales del Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud sobre los alcances y el cronograma de la decisión.