El presidente Abelardo de la Espriella tomó una decisión sobre los diálogos de paz que el gobierno anterior venía adelantando con grupos armados: los integrantes de esas organizaciones no recibirán estatus político, según el anuncio reportado por redmas.com.co. La declaración fija un criterio que, según la fuente, busca deslindar el reconocimiento político de cualquier negociación con estructuras criminales.
Los diálogos de paz con grupos armados ilegales han sido una de las políticas más sensibles de las últimas décadas en Colombia. Bajo gobiernos previos se avanzó en distintos procesos, algunos de los cuales desembocaron en acuerdos con voceros políticos designados, mientras que otros quedaron truncados. La política de negociación con estructuras criminales ha variado según la administración, y la posición de cada gobierno frente al tema suele sentar las bases del tipo de conversación que se sostiene con los armados.
El concepto de estatus político se refiere al reconocimiento que un Estado puede otorgar a un grupo armado como contraparte en una negociación, lo cual suele incluir aspectos como representación, participación en instancias formales y, en algunos casos, beneficios jurídicos para voceros. Restringir ese reconocimiento implica que las conversaciones, de continuar, se darían en otros términos, centrados en la entrega, la desmovilización y la justicia, más no en una interlocución política.
La decisión de la actual administración se inscribe en un momento en el que la política de paz atraviesa cuestionamientos de diverso orden. Sectores políticos y sociales han pedido claridad sobre los límites entre la búsqueda de acuerdos humanitarios y la concesión de ventajas a organizaciones señaladas de narcotráfico, extorsión y secuestro. El pronunciamiento del presidente responde, al menos en parte, a esa presión ciudadana y política por fijar líneas claras.
En lo inmediato, la medida condiciona las mesas que se encuentren activas y las conversaciones exploratorias que venían en curso con diferentes estructuras. Equipos técnicos del gobierno deberán determinar cómo se reorganiza la interlocución con cada grupo, qué funciones mantiene la oficina encargada de los procesos y qué papel juegan los países acompañantes y los organismos internacionales que participan como garantes en algunos de esos espacios.
La posición también tendrá efectos sobre la rama judicial. Los procesos de sometimiento y las decisiones individuales sobre beneficios dependerán de la nueva orientación, según la cual la pertenencia a un grupo criminal no se traduce en derechos propios de una organización política. Organizaciones de víctimas y sectores defensores de derechos humanos suelen insistir en que cualquier salida negociada contemple su participación, sus observaciones y sus garantías de no repetición.
Para la ciudadanía, el anuncio tiene una lectura práctica: quienes han padecido el accionar de estos grupos esperan que la postura anunciada se traduzca en acciones concretas, como la judicialización efectiva, la protección de comunidades y el desmonte de las economías ilegales. El respaldo institucional a los processos contra el crimen organizado suele ser una de las demandas más reiteradas en las zonas históricamente afectadas por el conflicto.
Según la fuente, De La Espriella no descartó la posibilidad de mantener canales de comunicación para efectos humanitarios, como liberaciones unilaterales o entregas de menores de edad, pero insistió en que cualquier interlocución se dará sin conferir a los grupos armados un carácter político. La distinción entre lo humanitario y lo político será, en los próximos días, uno de los ejes del debate público sobre la política de paz del nuevo gobierno.
Queda por verse cómo reaccionarán las estructuras con las que el gobierno anterior sostenía acercamientos. Los voceros de esos grupos suelen condicionar la continuidad de las conversaciones al reconocimiento político, por lo que la posibilidad de un quiebre o un enfriamiento de las mesas no queda descartada. El Gobierno, por su parte, apuesta por una línea de firmeza que redefine el alcance de cualquier proceso de diálogo en lo que resta del actual mandato.