El primer mes de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia ha estado marcado por gestos y símbolos religiosos que han trascendido los actos oficiales. Según la revista CAMBIO, una Biblia visible en escenarios públicos, el grito “¡Viva Cristo Rey!” en eventos oficiales y la incorporación de figuras religiosas al gabinete han situado la fe en el centro de la discusión política nacional.
El episodio reabre un debate antiguo en el país: los límites entre la libertad de cultos, la manifestación pública de la fe y el principio de laicidad del Estado, consagrado en la Constitución de 1991. En Colombia, el Estado es formalmente neutral frente a las confesiones religiosas, lo que no impide que los mandatarios expresen sus creencias, aunque sí obliga a que las decisiones de gobierno no se sustenten en ellas.
La llegada de liderazgo religioso al Ejecutivo agrega una capa adicional al asunto. La presencia de pastores, predicadores o confesores dentro de equipos de gobierno se ha convertido en un hecho llamativo en la historia reciente del país, donde las carteras ministeriales suelen estar en manos de técnicos, políticos o académicos, no de figuras de iglesias. Esta novedad ha generado reacciones divididas entre quienes la ven como una expresión legítima de la fe del gobernante y quienes temen una injerencia indebida.
La discusión no gira únicamente en torno al simbolismo. Expertos en derecho constitucional consultados en distintos medios han recordado que la laicidad exige que las políticas públicas, desde la educación hasta la salud, se diseñen sin privilegiar a una religión. También han subrayado que el artículo 19 de la Carta garantiza la libertad de cultos, lo que protege tanto a creyentes como a no creyentes. La línea, señalan, se traza cuando una confesión pasa a orientar decisiones del Estado.
En lo concreto, el gobierno aún no ha anunciado políticas públicas inspiradas en una doctrina religiosa particular, según el balance de CAMBIO. La controversia se ha concentrado, por ahora, en gestos, declaraciones y nombramientos. Sectores políticos y religiosos han pedido al Ejecutivo claridad sobre el papel que jugará el factor confesional en la toma de decisiones. Otros actores han preferido esperar para emitir juicios definitivos sobre lo que podría ser una larga gestión.
La laicidad en América Latina ha sido puesta a prueba por gobiernos de distinta orientación ideológica. En Brasil, la relación entre el expresidente Jair Bolsonaro y las iglesias evangélicas fue tema permanente de análisis. En Colombia, la tensión entre fe y Estado se ha expresado tradicionalmente en debates sobre educación religiosa en colegios, derechos de comunidades minoritarias y financiación estatal de entidades confesionales. El Gobierno de De la Espriella llega en un contexto regional sensible a esa discusión.
Más allá del ruido mediático, el centro de la controversia sigue siendo la pregunta institucional: ¿cómo gobernar un Estado laico cuando el presidente hace profesión pública de su fe? Constitucionalistas consultados por CAMBIO sostienen que el juramento presidencial ante la Biblia no es obligatorio ni jurídicamente relevante, ya que la fe invocada en la ceremonia no altera la naturaleza civil del cargo. El reto, coinciden, está en traducir las creencias en políticas que respeten el marco constitucional.
Quedan varios capítulos por desarrollar en las próximas semanas. La consolidación del gabinete, los primeros proyectos de ley y las intervenciones del presidente en escenarios públicos permitirán medir si los gestos religiosos se mantienen en el plano personal o si empiezan a influir en la agenda legislativa. Organizaciones civiles, Iglesias y expertos en derecho público han anunciado que seguirán de cerca cada movimiento, en defensa tanto de la libertad religiosa como de la separación entre las potestades del Estado.