El presidente Abelardo de la Espriella presentó ante la opinión pública una apuesta de modernización del Estado colombiano apoyada en tres ejes tecnológicos: inteligencia artificial, blockchain y drones. Según la publicación Wired, la iniciativa apunta a transformar la gestión pública y los servicios que recibe la ciudadanía.
La propuesta llega en un momento de presión creciente sobre la eficiencia del gasto público en Colombia. Los gobiernos de las últimas décadas han intentado digitalizar trámites y bases de datos, con resultados desiguales entre entidades del orden nacional y territorial.
El uso de inteligencia artificial en el sector público ha ganado terreno en distintos países de la región, donde se aplica en tareas como la detección de fraude, el análisis de riesgo fiscal y la atención al ciudadano. En Colombia, distintas entidades del Estado ya exploran proyectos piloto en analítica de datos y automatización de procesos.
El componente de blockchain, según la fuente, apunta a dar trazabilidad y seguridad a registros públicos. La tecnología se ha usado en otras experiencias oficiales para certificar cadenas de suministro, títulos académicos y procesos notariales, aunque su adopción masiva aún es incipiente en la región.
El tercer eje, drones, se vincula usualmente con tareas de vigilancia, monitoreo ambiental, gestión de riesgos y apoyo en emergencias. En Colombia, estos aparatos ya se utilizan en operaciones de la fuerza pública y en tareas de conservación ambiental, en algunos casos bajo regulaciones puntuales.
Wired recoge además la voz de un experto que advierte sobre los límites estructurales y financieros de la propuesta. El especialista señala que la viabilidad de un plan de esa magnitud depende de la capacidad institucional, la formación del talento humano y la disponibilidad presupuestal.
El contexto fiscal colombiano es un factor determinante. Los recientes debates sobre el presupuesto nacional y los ajustes en el gasto público han puesto en duda la financiación de proyectos de gran escala, en especial cuando requieren infraestructura tecnológica, conectividad y personal capacitado.
Para la ciudadanía, la promesa de modernización se traduce en expectativas concretas: menores tiempos en trámites, mayor transparencia en la información pública y mejor respuesta en zonas apartadas. El reto, coinciden analistas citados por la fuente, es traducir los anuncios en resultados verificables.
Queda pendiente conocer los detalles técnicos y el cronograma del plan, así como las fuentes de financiamiento. También está por definirse el rol de entidades como el Ministerio de las TIC y la Agencia Nacional Digital en una eventual ejecución.
Por ahora, la propuesta abre una conversación nacional sobre el rumbo de la transformación digital del Estado y sobre los márgenes reales del país para asumirla.