Los presidentes Abelardo de la Espriella, de Colombia, y Laura Fernández, de Costa Rica, anunciaron un acuerdo bilateral para cooperar en lo que ambos Gobiernos denominan la lucha contra el narcoterrorismo. El entendimiento fue reportado por el diario El País y sitúa a ambos países dentro de una tendencia regional que adopta el paradigma de seguridad promovido por la administración de Donald Trump en Estados Unidos.
La rúbrica del compromiso bilateral ocurre en un contexto hemisférico donde varios mandatarios latinoamericanos han acercado posiciones con Washington en materia de seguridad. Según el reporte, los presidentes latinoamericanos abrazan una alianza centrada en la política de seguridad que promulga Donald Trump para la región, lo que da contexto al acuerdo colombo-costarricense y lo inscribe en una dinámica más amplia de cooperación hemisférica.
Colombia y Costa Rica comparten una frontera sensible por el tránsito de organizaciones dedicadas al narcotráfico y a actividades criminales transfronterizas. El acuerdo procura articular capacidades de inteligencia, operativos conjuntos y cooperación judicial para golpear estructuras vinculadas al tráfico de drogas y al terrorismo, según la conceptualización usada por ambos Ejecutivos.
Para Colombia, el anuncio se suma a la agenda de seguridad que el Gobierno de De la Espriella ha presentado como prioritaria desde el inicio de su mandato. La cooperación con países centroamericanos resulta estratégica por ser zonas de paso de cargamentos y de operaciones financieras del narcotráfico que terminan en mercados de Norteamérica y Europa.
Para Costa Rica, el acuerdo representa un giro en su tradicional perfil de neutralidad en materia de seguridad regional. La administración de Fernández ha dado señales de mayor alineamiento con la política exterior estadounidense, y este entendimiento con Colombia consolida esa orientación con un socio que tiene experiencia directa en la lucha contra organizaciones armadas y carteles.
El enfoque de narcoterrorismo que ambos Gobiernos comparten difiere del lenguaje que Costa Rica empleó durante décadas, cuando rechazó la presencia militar extranjera en su territorio y se concentró en políticas de seguridad pública. La adopción del término implica una lectura más militarizada del problema de las drogas, coherente con el marco promovido por Washington en la región.
Ciudadanos y analistas siguen de cerca las implicaciones del acuerdo. Organizaciones de derechos humanos en América Latina han expresado preocupación por la convergencia de agendas de seguridad que, en su criterio, pueden traducirse en operativos con menor supervisión judicial y en riesgos para poblaciones civiles en zonas rurales de Colombia y en comunidades fronterizas de Costa Rica.
Quedan pendientes los detalles operativos del acuerdo: qué agencias participarán, cuál será el marco legal para los operativos conjuntos y cómo se garantizará el respeto a las garantías ciudadanas. También está por verse si otros países de la región se sumarán a esta arquitectura de seguridad y de qué manera se articulará con mecanismos existentes como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
La suscripción del acuerdo marca, en todo caso, un punto de inflexión en la relación bilateral entre Colombia y Costa Rica y abre un nuevo capítulo en la política exterior del Gobierno de De la Espriella, que suma a un socio centroamericano a su estrategia regional de seguridad.