Según Pulzo, el presidente Abelardo de la Espriella y su ministro de Justicia sostienen visiones opuestas sobre la cadena perpetua aplicable a delitos contra menores. El medio registró la discrepancia como un debate interno dentro del nuevo gobierno. La diferencia se conoció en medio del arranque de la administración.
La cadena perpetua no hace parte hoy del Código Penal colombiano. La Constitución de 1991 prohíbe las prisiones perpétuas, aunque permite penas de hasta 60 años bajo el régimen de acumulación. Cualquier cambio en ese punto exige entonces modificar la Carta Política, un trámite que requiere mayorías calificadas en el Congreso y en las votaciones de cada vuelta.
En las últimas décadas se han radicado proyectos para endurecer las sanciones por delitos graves contra menores, como el abuso sexual y el homicidio infantil. Esas iniciativas rara vez han avanzado más allá del primer debate. El obstáculo principal ha sido el principio de reinservación social que guía la política carcelaria del país.
La postura del presidente, según Pulzo, apunta a respaldar la cadena perpetua en casos extremos que involucren menores de edad. El ministro de Justicia, en cambio, ha expresado reservas sobre la medida. Esas reservas se apoyan en argumentos sobre derechos humanos y en los compromisos internacionales asumidos por Colombia.
Colombia es firmante de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece límites a las sanciones privativas de la libertad. También lo es de protocolos que priorizan la rehabilitación sobre el castigo indefinido. Esos compromisos pesan al momento de evaluar cualquier proyecto que proponga prisión perpetua.
El debate llega en un momento sensible. Organizaciones de infancia han pedido en los últimos años respuestas más firmes frente a la violencia sexual contra niños y niñas. Al mismo tiempo, expertos en política criminal han advertido sobre los efectos de las penas largas en el hacinamiento carcelario, que ya supera el 50 por ciento de capacidad.
Para los ciudadanos, el punto central es qué tan protegidos quedan los menores frente a delitos graves. La discusión no es solo jurídica, también es política y social. Una reforma en ese sentido obligaría a responder preguntas sobre el costo de las cárceles, la duración real de las penas y los mecanismos de seguimiento.
Pulzo también recogió que la diferencia entre el presidente y su ministro no se ha zanjado públicamente. Hasta ahora no se conoce un texto oficial del proyecto ni un cronograma de presentación ante el Congreso. Lo que sí quedó claro es que el tema quedó instalado en la opinión pública como un primer punto de tensión del Ejecutivo.
El próximo paso lógico es que el gobierno defina si llevará una propuesta al Legislativo y bajo qué términos. Si la iniciativa prospera, deberá enfrentar el filtro constitucional y el debate de derechos humanos que ya se anticipa. Si no prospera, el Ejecutivo deberá explicar a la ciudadanía por qué descartó la cadena perpetua como herramienta.