El presidente Abelardo de la Espriella suscribió el decreto que declara el estado de emergencia económica y social en Colombia, según dio a conocer Infobae. El escrito fue expedido por el gabinete y activa un período excepcional de 30 días para que el Ejecutivo adelante medidas extraordinarias frente a la tragedia que dejó el sismo que estremeció al país en la mañana del 10 de agosto.
Con esta declaratoria, el Gobierno nacional queda habilitado para disponer de mecanismos administrativos y fiscales previstos en la Constitución para atender emergencias. Bajo esa figura, el Ejecutivo puede reorientar partidas presupuestales, agilizar contratos y tomar decisiones que, en condiciones ordinarias, requerirían trámites más extensos. La declaratoria se sustenta en la necesidad de concentrar recursos y esfuerzos en la atención de los damnificados y en la reconstrucción de las zonas afectadas.
La figura del estado de emergencia económica y social está contemplada en el ordenamiento colombiano como un instrumento al que se acude ante hechos graves que comprometan el orden económico, social o ecológico del país, o que constituyan calamidad pública. Su activación por parte del presidente supone un seguimiento posterior por parte del Congreso, al que el Gobierno debe rendir informes sobre las medidas adoptadas y su impacto en la población afectada.
El terremoto del 10 de agosto sacudió distintas regiones del país y dejó un saldo de víctimas, daños en viviendas, infraestructura vial, acueductos, centros de salud y establecimientos educativos. Sectores como el agropecuario, el comercial y el de servicios en las zonas golpeadas por el movimiento telúrico se vieron interrumpidos, lo que agravó las condiciones de vida de miles de familias y encendió las alertas sobre la capacidad de respuesta institucional.
La declaratoria de emergencia económica y social busca permitir una respuesta más ágil del Estado frente a esos daños. Entre las acciones que suelen enmarcar estos estados se encuentran la destinación de partidas extraordinarias, la celebración de contratos sin algunas de las exigencias ordinarias, la intervención de servicios públicos esenciales y la puesta en marcha de planes de reconstrucción con criterios de corto, mediano y largo plazo. La coordinación con gobernaciones y alcaldías resulta determinante para que la ayuda llegue a los municipios más afectados.
La ciudadanía observa con atención el contenido del decreto y los decretos posteriores que se deriven de la declaratoria, pues en ellos se precisará el monto de los recursos, las regiones priorizadas y los plazos de ejecución. Organizaciones de control, veedurías ciudadanas y sectores productivos han pedido transparencia en el manejo de los fondos y rendición de cuentas periódicas sobre el avance de las obras y la entrega de auxilios a las familias damnificadas.
En el plano institucional, el Gobierno deberá presentar al Congreso de la República un informe detallado sobre las causas que motivaron la declaratoria, las decisiones tomadas y los resultados obtenidos durante la vigencia del estado de excepción. La ciudadanía, las autoridades locales y los organismos de socorro esperan que la atención a los afectados se concrete con rapidez y que los procesos de reconstrucción se adelanten con criterios técnicos y participación comunitaria.