El presidente Abelardo de la Espriella ordenó la reactivación de la Fuerza de Tarea Conjunta Urano, una unidad militar que había sido suspendida durante la administración anterior, según informó El Colombiano. La decisión se toma en las primeras semanas del nuevo gobierno y representa uno de los primeros movimientos en materia de seguridad interior.
La unidad será desplegada en operaciones dirigidas contra el Clan del Golfo y el ELN, dos de las organizaciones armadas ilegales con mayor presencia en el territorio colombiano. De acuerdo con la información publicada por El Colombiano, esta fuerza especializada se había creado como un instrumento de articulación entre las fuerzas militares para golpear economías ilícitas y estructuras armadas con presencia regional.
Durante el gobierno de Gustavo Petro, la Fuerza de Tarea Urano fue desarticulada como parte de los cambios en la estrategia de seguridad. El nuevo gobierno decidió revertir esa medida y devolverle operatividad, con el argumento de que las amenazas del crimen organizado requieren respuestas coordinadas entre Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
La reactivación llega en un momento de tensión en varias regiones del país, donde tanto el Clan del Golfo como el ELN han mantenido acciones armadas y disputas por el control de rutas de narcotráfico y territorios estratégicos. Zonas como el sur de Bolívar, el Bajo Cauca antioqueño, Chocó y Arauca han registrado enfrentamientos y afectaciones a la población civil en los últimos meses.
La Fuerza de Tarea Conjunta Urano funcionaba bajo un esquema de comando unificado que permitía concentrar inteligencia y operaciones en regiones específicas. Su diseño buscaba evitar la dispersión de esfuerzos entre las fuerzas, que en el pasado operaban de manera paralela sin compartir información en tiempo real. El modelo es similar al aplicado con la Fuerza de Tarea Omega, creada en 2003 contra las AUC.
Sectores políticos y expertos en seguridad han reaccionado al anuncio. Mientras algunos respaldan la reactivación como necesaria ante el deterioro del orden público, otros cuestionan que se descarten alternativas como la negociación o los diálogos con estructuras armadas. La comunidad internacional y los organismos de derechos humanos suelen pedir que cualquier operación militar respete el Derecho Internacional Humanitario.
Para los ciudadanos, el impacto inmediato se traduce en una mayor presencia militar en las zonas donde opere la fuerza de tarea. En municipios afectados por el Clan del Golfo y el ELN, la población ha pedido repetidamente mayor protección frente a extorsiones, reclutamiento forzado y desplazamientos masivos que afectan a comunidades enteras.
Quedan pendientes varios interrogantes sobre la estrategia: la duración del despliegue, las regiones priorizadas, el presupuesto asignado y la articulación con la Policía Nacional y la Fiscalía. El gobierno no ha detallado hasta ahora un cronograma público de operaciones, aunque se espera que en las próximas semanas se conozca el plan de trabajo de la nueva fase de la Fuerza de Tarea Urano.