El presidente Abelardo de la Espriella declaró este viernes 11 de septiembre que quedaron cerrados todos los procesos de diálogo que el Gobierno adelantaba. El anuncio lo hizo con la frase “se acabó la falsa paz”, según el reporte de El Colombiano. Con esa decisión, el Ejecutivo da por terminada una etapa de negociaciones que se mantenía abierta hasta esa fecha.
Junto con el cierre, el Mandatario reveló que se habrían hecho pagos por 7.000 millones de pesos a personas que se desempeñaron como negociadores en esos procesos. El reportaje de El Colombiano plantea la pregunta sobre la identidad de quienes recibieron esos recursos. Hasta el momento de la publicación, no se entregó un listado oficial con los nombres de los beneficiarios.
La revelación ocurre en un contexto en el que el manejo de los recursos destinados a la búsqueda de la paz ha sido objeto de debate público en Colombia. Organizaciones de control y medios de comunicación han pedido repetidamente transparencia sobre el origen, el destino y los criterios de selección de los pagos hechos en el marco de las mesas de conversación. La denuncia presidencial pone nuevamente ese tema en el centro de la discusión.
Para la ciudadanía, el cierre de los diálogos implica un cambio en la política de seguridad y de resolución de conflictos del Gobierno. Las comunidades que participaban como acompañantes o que esperaban resultados concretos de las negociaciones quedan a la espera de señales sobre cuál será el rumbo que tomará ahora el Ejecutivo. Los sectores productivos y los territorios donde había presencia de mesas activas también resultan afectados por la suspensión de cualquier instancia de conversación.
Desde el punto de vista institucional, el anuncio obliga a las entidades encargadas del seguimiento a los acuerdos y a los organismos de control a pronunciarse. La Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía tienen competencia para investigar el uso de recursos públicos en procesos de paz. Si los pagos denunciados se hicieron con fondos del Estado, corresponde a esos organismos determinar si hubo irregularidades administrativas, contractuales o penales.
El reportaje de El Colombiano no precisa, en el extracto disponible, si los 7.000 millones de pesos correspondieron a contratos, viáticos, honorarios o rubros presupuestales de algún programa específico. Esa falta de detalle es precisamente el interrogante que plantea el medio y que queda pendiente de respuesta. Sin esa información, no es posible dimensionar si los montos se ajustaron a la normatividad vigente o si configuraron alguna conducta sancionable.
En el plano político, la decisión presidencial marca un giro frente a la estrategia que gobiernos anteriores venían aplicando. Bajo el argumento de que la paz negociada perdió credibilidad, el actual Mandatario opta por suspender las conversaciones en curso. Esa postura tendrá repercusiones en la relación con los grupos armados organizados, en la cooperación internacional y en el respaldo que Colombia recibe de países que han mediado en los diálogos.
Quedan varias preguntas abiertas. Falta que el Gobierno publique los soportes de los pagos denunciados y los nombres de quienes los recibieron. Falta también que se defina si los procesos cerrados serán reemplazados por otra vía o si la suspensión es definitiva. Y falta que los organismos de control se pronuncien sobre el manejo de los 7.000 millones de pesos mencionados por el presidente.