Wendy Herrera, abogada de la empresaria conocida como Epa Colombia, negó que el traslado de su clienta al complejo carcelario y penitenciario de La Picaleña, en Ibagué, contara con la aprobación del presidente Abelardo de la Espriella. La jurista sostuvo que el movimiento se enmarcó en decisiones internas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y no en una orden del jefe de Estado, según declaró a Infobae.
La defensa también rechazó las versiones que circularon en redes sociales y en algunos medios sobre un supuesto beneplácito presidencial para el cambio de establecimiento. Según Herrera, ni ella ni su clienta recibieron una comunicación oficial en ese sentido, y atribuyó los rumores a especulaciones sin fundamento.
La abogada reveló que desde abril se le había anticipado la reubicación, e incluso se barajaba una fecha tentativa del 7 de agosto. Esa advertencia inicial, indicó, coincide con los hechos reportados en las denuncias que ya cursan ante los organismos de control, donde se documentaron presuntas irregularidades durante el proceso de traslado.
En su intervención, Herrera fue enfática al señalar que la creadora de contenido atraviesa una situación de "tortura psicológica" atribuida al Inpec. Aunque no entregó detalles sobre los hechos puntuales, señaló que forman parte de indagaciones en curso y de quejas ya radicadas.
El caso reavivó el debate sobre las condiciones de reclusión de mujeres privadas de la libertad en Colombia, un tema que distintas organizaciones de derechos humanos han señalado de manera recurrente. La Picaleña, en Tolima, es uno de los centros mixtos más grandes del país y ha sido escenario de alertas por hacinamiento y por la atención a internas con perfiles de alta visibilidad.
Epa Colombia, cuyo nombre real es Daneidy Barrera Rojas, cumple una condena tras haber sido hallada responsable de hechos enmarcados en la perturbación del orden público, según el trámite judicial que quedó registrado en los fallos de los últimos años. Su situación procesal se reactivó en la opinión pública por la discusión sobre la reubicación.
Desde la óptica de la defensa, el traslado buscó alterar el régimen de la interna y limitar la comunicación con su equipo legal. La jurista pidió que las inspecciones pendientes verifiquen las condiciones en las que se encuentra su clienta y que se garantice el respeto de sus derechos fundamentales.
La discusión se da en un contexto en el que el Inpec enfrenta cuestionamientos por la manera como gestiona los movimientos de personas privadas de la libertad en diferentes penales del país. Organismos de control y veedurías ciudadanas han reclamado mayor transparencia en la adopción de estas decisiones.
Por ahora, la defensa anunció que seguirá acompañando a la empresaria en el proceso y que difundirá los avances de las indagaciones cuando existan resultados concretos. La expectativa se centra en la respuesta de las autoridades frente a las denuncias de "tortura psicológica" y en la verificación de la cadena de decisiones que rodeó el traslado a Ibagué.
El caso deja abierta la pregunta sobre el papel del Ejecutivo en los traslados de internos a la luz de la autonomía del Inpec. Aunque la defensa descartó una orden directa del Gobierno, el episodio deja en evidencia el interés ciudadano por conocer quién toma estas decisiones y bajo qué criterios.