Germán Calderón España, abogado del presidente electo Abelardo de la Espriella, afirmó que una de las líneas de trabajo del próximo gobierno será investigar y, si procede, denunciar penalmente a funcionarios de la administración de Gustavo Petro. La declaración la entregó al medio Infobae, donde sostuvo que se revisarán posibles vínculos entre servidores públicos y estructuras armadas ilegales.
Calderón explicó que la decisión responde a señalamientos públicos sobre presuntas alianzas entre agentes del Estado y grupos criminales. Según dijo, cualquier evidencia que surja en las indagaciones será puesta en manos de los jueces competentes. No entregó nombres concretos ni documentos en su intervención, pero dejó abierta la posibilidad de acciones legales una vez De la Espriella asuma el cargo.
El pronunciamiento ocurre en medio de un clima político cargado por los debates sobre la seguridad y la política de negociación con grupos armados. La figura de la Paz Total, lanzada por Petro al inicio de su mandato, ha sido objeto de controversia por sus resultados en materia de reducción de violencia y por la heterogeneidad de los actores con los que se buscó dialogar.
Para el equipo cercano a De la Espriella, esa estrategia representa un fracaso y debe revertirse. Calderón aseguró que desmontar la Paz Total será una de las promesas centrales del nuevo gobierno. El planteamiento apunta a un cambio de rumbo en la manera como el Estado se relaciona con organizaciones como el ELN, disidencias de las FARC y grupos dedicados al narcotráfico.
La postura también marca distancia con sectores que defienden los diálogos como herramienta para reducir el conflicto armado. Organizaciones sociales y algunos partidos de oposición han advertido que el fin abrupto de las mesas de negociación podría incrementar los índices de violencia en regiones donde estos grupos tienen presencia histórica.
En materia institucional, la anunciada revisión de conductas de funcionarios pasados abre un frente judicial de alto impacto. Expertos en derecho penal consultados en distintos momentos han recordado que las denuncias deben sustentarse en pruebas concretas para avanzar en los despachos, y que la mera expectativa mediática no sustituye el expediente.
La ciudadanía observa con atención estos anuncios porque tocan dos ejes sensibles: la seguridad en los territorios y la lucha contra la corrupción. Si las denuncias prosperan, podrían derivar en investigaciones formales que involucren a exministros, exdirectores de agencias y otros altos cargos de la administración saliente.
Por ahora, el equipo de transición no ha detallado una hoja de ruta con fechas ni mecanismos específicos para el desmonte de la Paz Total. Queda pendiente si el nuevo gobierno optará por retomar viejas estrategias de sometimiento a la justicia, fortalecer la fuerza pública o explorar fórmulas intermedias con acompañamiento internacional.
El anuncio también reaviva el debate sobre los límites entre el activismo político de un gobierno entrante y el respeto al debido proceso de quienes terminan su gestión. Sectores cercanos a Petro han rechazado las declaraciones y las consideran una persecución anticipada, mientras que los seguidores de De la Espriella las presentan como un compromiso con la transparencia.
En cualquier caso, la posición queda fijada: el próximo Ejecutivo buscará desmontar la Paz Total y llevar a la justicia a los funcionarios actuales cuya conducta, según las pesquisas que se adelanten, pueda configurar delitos. La fuente de estas declaraciones es Infobae, medio que publicó las afirmaciones textuales de Germán Calderón España.