El abogado que representa a Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), reaccionó al ofrecimiento público del presidente Abelardo de la Espriella. El primer mandatario había prometido beneficios para quienes “entreguen las pruebas para que paguen los que participaron en el festín corrupto que desfalcó a Colombia en los pasados cuatro años”, según reportó Revista Semana.
La respuesta del defensor, recogida por el mismo medio, fue una frase breve y directa: “No se detuvo, ni se detendrá”. Con esas palabras, el abogado buscó despejar dudas sobre la continuidad de la colaboración de Pinilla con las autoridades que investigan el escándalo de corrupción en la UNGRD.
El caso de la UNGRD estalló en 2023 y desde entonces se convirtió en uno de los expedientes de corrupción más seguidos por la opinión pública. La investigación gira en torno a la supuesta apropiación de recursos públicos destinados a la atención de emergencias y a la compra de carrotanques en zonas afectadas por la ola invernal. Varios exfuncionarios y contratistas han sido vinculados a la investigación.
Sneyder Pinilla fue una de las piezas clave dentro de las pesquisas. Su nombre apareció ligado a la celebración de contratos cuestionados y, según los reportes periodísticos de la época, entregó información y evidencia a la Fiscalía y a la Corte Suprema. Esa colaboración es la que ahora el abogado defiende públicamente frente al nuevo gobierno.
La oferta del presidente De La Espriella se inscribe en su discurso de campaña y en sus primeras semanas de mandato. En múltiples intervenciones, el gobernante ha sostenido que el combate a la corrupción será una prioridad de su administración y que quienes aporten información veraz podrían recibir algún tipo de beneficio dentro del marco legal.
Para los ciudadanos, el desenlace de este tipo de investigaciones tiene efectos prácticos: la devolución de recursos, la judicialización de responsables y el diseño de controles para evitar que situaciones similares se repitan. También marca el tono de la relación entre el nuevo Ejecutivo y los órganos de control y justicia, que conservan su independencia.
En materia procesal, las declaraciones de los testigos y los acuerdos con la Fiscalía dependen del cumplimiento de requisitos legales. Un ofrecimiento presidencial puede animar nuevas delaciones, pero no reemplaza los requisitos formales que establece la ley penal colombiana para obtener beneficios como la reducción de penas o la aplicación de principios de oportunidad.
Por ahora, el mensaje del abogado de Pinilla deja claro que su cliente mantiene su voluntad de seguir aportando a la justicia. Queda pendiente cómo responderán otros investigados y si surgirán nuevos colaboradores que se acojan al llamado del presidente en las próximas semanas.
La próxima semana se esperan nuevas audiencias en el proceso y reacciones de otros sectores políticos, que han pedido que la lucha contra la corrupción se conduzca con respeto a la independencia judicial y con debidas garantías para los procesados.