La Academia Nacional de Medicina entregó al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella un documento con propuestas para reformar el sistema de salud colombiano. La entrega se hizo al equipo entrante, según informó Infobae, y marca el inicio de una interlocución directa entre la corporación médica y el nuevo Ejecutivo sobre un sector que atraviesa una crisis estructural.
El plan propone tres ejes centrales. El primero es un choque financiero destinado a sanear los pasivos de hospitales, clínicas y proveedores, que en los últimos años acumularon deudas crecientes por la falta de liquidez del sistema. El segundo eje plantea la creación de un asegurador estatal único que asuma la cobertura de los afiliados, en reemplazo del modelo actual de Empresas Promotoras de Salud (EPS). El tercer eje prevé que las EPS se conviertan en gestoras de riesgo, es decir, en administradoras de la gestión clínica y financiera de los pacientes, pero sin la función de aseguramiento.
El objetivo declarado de la propuesta es sostener la atención y evitar un colapso hospitalario. La Academia parte de la preocupación por el deterioro de los indicadores de acceso, las tutelas en salud, las demoras en citas y procedimientos, y la crisis de cartera que golpea a los prestadores. Con el asegurador único y las gestoras de riesgo, la idea es separar funciones, concentrar el recaudo en un solo ente público y trasladar la administración del riesgo a operadores especializados.
La hoja de ruta llega en un momento de transición. El gobierno entrante debe decidir si mantiene, ajusta o sustituye el modelo vigente, y la Academia busca incidir en esa decisión con una propuesta técnica. La reforma a la salud fue uno de los debates más polarizados del periodo anterior, con intentos legislativos que no prosperaron y sentencias de la Corte Constitucional que ordenaron intervenir el sistema.
Para los ciudadanos, el impacto potencial es directo. Si el choque financiero se ejecuta, los hospitales podrían recibir los recursos atrasados y mejorar la disponibilidad de servicios. Si el asegurador único avanza, cambiarían las condiciones de afiliación, la red de prestadores y los trámites para acceder a citas, medicamentos y cirugías. La conversión de las EPS en gestoras de riesgo implica redefinir el papel de actores privados que hoy manejan presupuestos públicos por capitación.
El documento también pone sobre la mesa la discusión sobre el rol del Estado en la salud. El modelo actual se construyó sobre la competencia entre EPS públicas y privadas como administradoras del aseguramiento. La propuesta de la Academia rompe con esa lógica y plantea un esquema centralizado, lo que genera debate entre quienes defienden la libre elección y quienes piden un sistema más público y uniforme.
La fuente no detalla el costo fiscal del choque financiero ni el cronograma de transición hacia el asegurador único. Tampoco precisa si la propuesta incluye mecanismos para proteger a los usuarios durante el cambio ni cómo se financiaría la nueva entidad estatal. Esos puntos quedan pendientes en el diálogo entre la Academia y el gobierno.
Ahora, la pelota está en manos del Ejecutivo. El gobierno de Abelardo de la Espriella debe evaluar la propuesta, decidir qué componentes adopta y abrir la discusión con el Congreso, los gremios de la salud, las EPS y los usuarios. La Academia, por su parte, aspira a que su hoja de ruta sirva como insumo para una reforma que, según plantea, ya no puede postergarse.