La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) dirigió un comunicado al Ministerio del Interior y al Ministerio del Deporte en el arranque de la administración de Abelardo de la Espriella. En el texto, el gremio reclamó garantías de seguridad para jugadores, cuerpo técnico, árbitros y asistentes dentro y fuera de los escenarios deportivos.
El pronunciamiento se produjo después de hechos violentos registrados en partidos del fútbol profesional colombiano, de acuerdo con la fuente. Acolfutpro sostuvo que la repetición de estas situaciones constituye un riesgo para la integridad de quienes participan en las competiciones y para el público que asiste a los estadios.
Además del pedido de seguridad, el gremio anunció que evaluará acciones legales contra el Gobierno por lo que califica como incumplimientos en sus obligaciones. La advertencia pone sobre la mesa la posibilidad de que el conflicto se traslade a los tribunales si no se concretan medidas efectivas en el corto plazo.
Los ministerios del Interior y del Deporte son las dos carteras con competencia directa en la materia. El primero coordina la política de seguridad y convivencia ciudadana, mientras que el segundo formula las políticas para el deporte, la recreación y la actividad física. En los últimos años ambos ministerios han intervenido en protocolos de ingreso, vigilancia privada y articulación con la Policía Nacional para los partidos.
El fútbol profesional colombiano atraviesa desde hace varias temporadas episodios recurrentes de violencia en sus estadios, que van desde riñas entre hinchas hasta ataques contra jugadores y árbitros. Estos hechos han motivado sanciones de la Dimayor, restricciones de aforo y operativos especiales de las autoridades, sin que se haya logrado, según distintos actores del sector, una solución sostenida.
Para los aficionados, la exigencia de Acolfutpro apunta a un problema cotidiano: la percepción de riesgo en escenarios que son espacios públicos de esparcimiento. La solicitud incluye condiciones para desplazamientos, zonas de concentración y protocolos de actuación cuando se presentan disturbios. Una mejora en estos puntos, explican los conocedores, depende de la coordinación entre los clubes, las autoridades locales y la fuerza pública.
La administración de Abelardo de la Espriella recibió así, en sus primeros días, un reclamo formal de un gremio con peso en el sector deportivo. Queda por verse si el Ministerio del Interior y el Ministerio del Deporte responden con medidas concretas, mesas de trabajo o un pronunciamiento oficial sobre los hechos denunciados y los eventuales incumplimientos señalados por Acolfutpro.
El siguiente paso será la reacción oficial de las dos carteras. También se espera que Acolfutpro detalle los fundamentos de las acciones legales que anunció, en caso de que se concrete la vía judicial. Mientras tanto, el calendario del fútbol profesional sigue su curso bajo la presión de un gremio que reclama condiciones mínimas para el desarrollo de la actividad.