Rosmery Quintero, directiva nacional de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), hizo público un llamado al Gobierno Nacional para que establezca medidas de apoyo dirigidas a las 26.708 micro y pequeñas empresas que resultaron afectadas por el terremoto, según reportó la Emisora Atlántico.
El reclamo se concentra en la necesidad de respuestas concretas del Ejecutivo frente a un sector que suele ser el más vulnerable tras una emergencia de esta magnitud. Quintero expuso que, sin instrumentos específicos, la recuperación de estos negocios queda en manos del esfuerzo individual de cada empresario.
Acopi es una de las agremiaciones más representativas de las micro, pequeñas y medianas empresas en Colombia. Su vocería suele ser escuchada en momentos en los que se discuten alivios tributarios, líneas de crédito o programas de reactivación, y por eso sus solicitudes suelen convertirse en insumo para el diseño de políticas públicas en favor de este segmento.
Las micro y pequeñas empresas representan una porción significativa del aparato productivo colombiano. Generan buena parte del empleo formal e informal en municipios donde no llegan las grandes compañías, por lo que su afectación tiene un efecto directo sobre la economía local y sobre las familias que dependen de esos negocios para su sustento.
El llamado de Acopi se produce en un contexto de emergencia en el que las prioridades del Estado suelen dividirse entre la atención humanitaria, la reconstrucción de infraestructura y la recuperación económica. Por esa razón, la agremiación insistió en que el apoyo a los pequeños empresarios debe ser parte integral de la respuesta institucional.
El Gobierno Nacional tiene a su disposición distintos mecanismos para atender este tipo de solicitudes, entre ellos líneas de crédito blandas a través de Bancóldex, alivios temporales en obligaciones tributarias y programas de acompañamiento técnico. Hasta el momento, según el extracto disponible, no se conoce una respuesta oficial con medidas específicas para los 26.708 negocios mencionados.
La cifra de 26.708 micro y pequeñas empresas afectadas da una idea de la dimensión del impacto económico del terremoto en el tejido empresarial. Si cada negocio emplea, en promedio, al menos a unas cuantas personas, la población trabajadora damnificada podría ascender a varios miles de familias en las zonas impactadas.
Queda pendiente la respuesta del Ejecutivo a la solicitud de Acopi y la definición de si esos apoyos se canalizarán a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, del Ministerio de Hacienda o de otras entidades del orden nacional. El tiempo que tome esa definición suele ser determinante para la supervivencia de los pequeños negocios tras una emergencia.
La solicitud de Quintero se suma a las voces de distintos gremios y gobernaciones que han pedido acelerar la reconstrucción y los estímulos económicos en los municipios declarados en calamidad pública. El reto para las autoridades es traducir ese clamor en decisiones ejecutables en el corto plazo.