El presidente electo Abelardo de la Espriella manifestó su intención de terminar con las consejerías de paz, según informó Reporte Indigo. El anuncio se inscribe en el paquete de reformas que el nuevo gobierno proyecta ejecutar al inicio de su mandato.
Las consejerías de paz son oficinas creadas al interior del Ejecutivo para asesorar al presidente en temas relacionados con el conflicto armado, la negociación con grupos armados y la implementación de acuerdos. A lo largo de los últimos gobiernos, estas dependencias han cumplido funciones de articulación entre el Estado, la sociedad civil y los distintos actores del conflicto.
La propuesta de suprimirlas representa un cambio en la arquitectura institucional dedicada a la paz. De concretarse, las funciones de asesoría, acompañamiento y seguimiento que hoy concentran esas oficinas deberían reasignarse a otras entidades del Estado o quedar a cargo de la Vicepresidencia o ministerios sectoriales.
El anuncio ocurre en un contexto de revisión del modelo de construcción de paz en Colombia, un país que ha enfrentado más de seis décadas de conflicto armado interno. Diversos sectores políticos han debatido si las consejerías cumplieron su propósito o si requieren ajustes, sin que exista un consenso sobre su eliminación total.
Para la ciudadanía, el eventual cierre de estas oficinas tiene implicaciones directas. Organizaciones de víctimas, comunidades étnicas y líderes sociales que han interactuado con las consejerías en procesos de reparación, restitución de tierras y diálogos territoriales tendrían que buscar nuevos canales institucionales para gestionar sus solicitudes.
Sectores defensores de los acuerdos de paz han expresado en otras ocasiones su preocupación ante cualquier debilitamiento de la institucionalidad creada para cumplirlos. Argumentan que suprimir las consejerías podría afectar la implementación de lo pactado y la atención a las millones de víctimas que dejó el conflicto.
Por otro lado, sectores que critican el modelo vigente consideran que las consejerías han sido estructuras burocráticas con resultados limitados y que sus funciones podrían absorberse sin afectar la atención a las víctimas. Para estos, la eliminación representaría un ahorro y una simplificación administrativa.
El gobierno entrante deberá definir, una vez asuma el cargo, el mecanismo legal para ejecutar la supresión. Esto incluiría decretos de restructuración, movimientos presupuestales y la reubicación o liquidación de los contratos del personal vinculado a esas dependencias.
Queda pendiente conocer los detalles del plan: qué entidades asumirán las funciones actuales, cómo se garantizará la continuidad de los procesos de diálogo en curso y qué pasará con los recursos destinados a la política de paz en el Presupuesto General de la Nación.
La propuesta, reportada por Reporte Indigo, marca el primer pronunciamiento del presidente electo sobre la institucionalidad de paz y abre un debate nacional sobre el rumbo que tomará esta política durante su cuatrienio.