El Gobierno nacional publicó la reglamentación que regirá durante el último año en que se permitirán las corridas de toros en Colombia, según informó Río Noticias. La norma busca ordenar la transición hacia la prohibición definitiva de estos espectáculos, ordenada por la Corte Constitucional en una sentencia reciente.
La decisión de fondo la tomó el alto tribunal al resolver una demanda contra la Ley 916 de 2004, que regulaba las corridas y permitía excepciones en plazas donde no se diera muerte al animal. La Corte declaró la inconstitucionalidad de las normas que permitían esa excepción, al considerar que el espectáculo atenta contra la dignidad y la integridad de los animales.
Con el fallo, las corridas de toros deberán cesar de forma progresiva. El periodo de transición, que ahora se reglamenta, busca definir las condiciones bajo las cuales podrán celebrarse los últimos eventos taurinos mientras se cumple el plazo fijado por la Corte para la salida definitiva de la actividad.
La reglamentación establece reglas técnicas para los escenarios donde se lleven a cabo las corridas, requisitos de seguridad para los asistentes y condiciones de manejo de los animales durante los espectáculos. También fija lineamientos para la supervisión por parte de las autoridades locales y nacionales competentes.
Desde lo económico, la norma contempla el impacto sobre los municipios y regiones donde la tauromaquia es una actividad tradicional. Ciudades como Cali, Manizales y Medellín cuentan con plazas de toros activas y con sectores vinculados a la cría, el transporte y la presentación de reses de lidia.
Para los trabajadores del sector, el Ministerio del Interior y otras entidades deberán definir alternativas de reconversión laboral y productiva. La idea es que criadores, toreros, subalternos, transportadores y demás personas dedicadas a la tauromaquia cuenten con opciones económicas mientras se cumple el plazo de transición.
Las reacciones frente a la reglamentación se han dividido. Organizaciones animalistas celebraron la reglamentación y exigieron que el plazo se cumpla sin nuevas prórrogas. Por su parte, la Federación Colombiana de Taurinos y distintos gremios del sector pidieron que se respete el tiempo de transición y solicitaron apoyo para los trabajadores afectados.
La Corte también ordenó al Congreso tramitar una ley que sustituya las normas declaradas inexequibles y que defina el destino de los bienes y la infraestructura asociados a la tauromaquia. Mientras esa ley no se apruebe, la reglamentación vigente fija las reglas para los eventos que se realicen en este último año de transición.
En lo cultural, el debate sobre las corridas de toros ha dividido a la opinión pública. Defensores de la tradición argumentan su valor artístico, económico e histórico. Críticos sostienen que ninguna expresión cultural puede justificarse cuando implica sufrimiento animal. La reglamentación no resuelve esa discusión, pero sí marca la cuenta regresiva hacia el final de los espectáculos taurinos en Colombia.
El siguiente paso será la implementación práctica de las reglas en las plazas que aún ofrecen corridas. Las alcaldías, las autoridades departamentales y los organizadores deberán ajustar sus programaciones, sus protocolos y sus contratos a lo dispuesto por el Gobierno, en un año que será el último calendario taurino en el país.
