El Gobierno nacional trabaja en un plan para desmontar de manera gradual el impuesto del 4x1.000, conocido formalmente como Gravamen a los Movimientos Financieros, según reporta Río Noticias. La medida aplicaría a las transacciones débito y crédito que se realizan a través de cuentas de ahorro, cuentas corrientes y productos financieros en el país.
El 4x1.000 fue creado en 1998 como un instrumento temporal de recaudo para atender la crisis económica de finales de esa década. Desde entonces, su carácter de transitorio se ha extendido en sucesivas prorrogas legislativas, hasta convertirse en uno de los gravámenes más visibles en la operación diaria del sistema financiero colombiano. Cada retiro en cajero, cada transferencia entre cuentas y cada pago con tarjeta débito está sujeto a este tributo.
Un desmonte gradual implica que la tarifa no se eliminaría de un solo golpe, sino que se reduciría de forma progresiva a lo largo de varios años. Este esquema suele usarse en reformas tributarias para evitar sobresaltos en las finanzas públicas, pues el 4x1.000 representa una fuente significativa de recursos para el Presupuesto General de la Nación. Su eliminación total obligaría a compensar ese hueco con otros ingresos o con ajustes al gasto.
Para los hogares, la eliminación del 4x1.000 significaría un alivio directo en el costo de operar con productos bancarios. Las personas naturales que hoy ven descontado un porcentaje de cada transacción recuperarían ese margen, lo que podría traducirse en una mayor disponibilidad de recursos en las cuentas de ahorro. Las micro, pequeñas y medianas empresas, que suelen concentrar un volumen alto de operaciones financieras, serían de las más favorecidas por la medida.
En el sistema financiero, los bancos podrían ver modificada la dinámica de sus ingresos por servicios asociados al gravamen, aunque el impacto central se daría sobre los usuarios. La Confederación Colombiana de Consumidores y distintos gremios empresariales han reclamado históricamente la eliminación del tributo por considerar que encarece la bancarización y golpea a los sectores de menores ingresos.
La decisión final sobre el ritmo y la profundidad del desmonte dependerá del Ministerio de Hacienda y del Congreso de la República. Una reforma de este calibre suele tramitarse como parte de una ley de financiamiento o de una reforma tributaria estructural, con debates sobre el plazo del desmonte, los sectores económicos que compensarían la pérdida de recaudo y el efecto sobre la inversión pública.
Por ahora, según la fuente, el Ejecutivo se encuentra en fase de preparación del esquema. Queda por conocer el cronograma oficial, las tarifas intermedias que se aplicarían durante la transición y las fuentes alternativas de ingreso que se propondrían para mantener el equilibrio fiscal mientras el 4x1.000 deja de aplicarse de manera definitiva.