El Gobierno Nacional trabaja en una iniciativa legislativa bautizada como Ley de Rescate, cuyo propósito central es desmontar de forma gradual el impuesto del 4x1.000, el gravamen a los movimientos financieros que rige en Colombia. Así lo dio a conocer RTVC Noticias, que tituló la información con la pregunta '¿Adiós al 4x1.000?'.
El 4x1.000 es un tributo que se aplica sobre cada transacción financiera realizada por personas y empresas en el sistema bancario colombiano. Fue creado como una fuente de recaudo temporal, pero se ha extendido en el tiempo y hoy es uno de los impuestos más visibles en la operación diaria de cuentas y productos financieros.
La propuesta, según la fuente, contempla un desmonte gradual, es decir, una reducción progresiva de la tarifa en lugar de una eliminación inmediata. Este tipo de esquema suele responder a la necesidad de compensar la pérdida de recaudo con otras fuentes o con el crecimiento esperado de la economía.
Para los ciudadanos, el gravamen representa un costo adicional en operaciones cotidianas como retiros, transferencias y pagos. Su desmonte, si llega a concretarse, significaría una disminución directa en el costo de mover dinero por el sistema financiero, tanto para hogares como para empresas de todos los tamaños.
En el plano empresarial, el 4x1.000 ha sido señalado por distintos sectores como un obstáculo para la bancarización y para la formalización, dado que incentiva el uso de efectivo y de operaciones no bancarizadas. Una eliminación gradual, en ese sentido, podría modificar los hábitos de pago y la relación de los usuarios con los bancos.
La decisión sobre el ritmo y la profundidad del desmonte corresponde al Congreso de la República, que deberá estudiar y aprobar el proyecto. Hasta ahora, la información divulgada por RTVC Noticias no detalla plazos ni el contenido específico del articulado, por lo que queda pendiente conocer la letra exacta de la iniciativa.
En términos fiscales, el 4x1.000 es un componente relevante del recaudo tributario nacional. Cualquier cambio en su estructura exige un análisis sobre cómo se sustituirán esos ingresos y qué efecto tendrá sobre las finanzas públicas, un debate que seguramente acompañará la discusión legislativa.
Por ahora, el Ejecutivo avanza en la preparación del proyecto y en la comunicación de su intención. La siguiente etapa será la radicación formal de la Ley de Rescate ante el Congreso, donde se abrirán las comisiones económicas para evaluar el texto y escuchar a los distintos sectores involucrados.