El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella trabaja en una propuesta legislativa orientada a reducir de manera progresiva el impuesto a los movimientos financieros, popularmente conocido como 4x1.000, según informó El Colombiano. La iniciativa apunta a desmontar de forma gradual un gravamen que, desde su creación, ha sido objeto de críticas por parte de sectores productivos y usuarios del sistema financiero.
El 4x1.000 es un tributo que se aplica sobre cada retiro, depósito o transferencia de dinero realizada en cuentas corrientes, de ahorro o mediante productos financieros en Colombia. Fue creado como una medida de carácter temporal para ampliar la base tributaria y financiar gastos del Estado, pero terminó por mantenerse en el tiempo. Su desmonte ha figurado en múltiples agendas de gobierno y en propuestas de distintos sectores económicos, que lo consideran un obstáculo para la formalización y la bancarización.
La idea de eliminarlo de forma escalonada responde a una lógica gradual: en lugar de suprimirlo de un solo golpe, se reducirían los puntos del gravamen en varias etapas hasta llegar a cero. Este esquema busca atenuar el impacto fiscal, pues el impuesto a los movimientos financieros representa una fuente de recursos significativa dentro del presupuesto nacional. Un desmonte abrupto obligaría a buscar mecanismos compensatorios en otras partidas o tributos.
Para los ciudadanos, el efecto directo sería una menor retención en cada transacción bancaria. Hoy, por cada millón de pesos movimentado, se descuentan cuatro mil pesos. Una reducción del porcentaje aliviaría especialmente a quienes usan intensivamente cuentas y transferencias, como pequeños comerciantes, independientes y familias que canalizan su dinero a través del sistema financiero. Para las empresas, en particular las de mayor rotación, la medida también podría traducirse en menores costos operativos.
El sector financiero ha sido tradicionalmente uno de los más interesados en la eliminación de este gravamen. Bancos y entidades financieras han señalado que el 4x1.000 desincentiva el uso de productos formales y fomenta operaciones en efectivo, con los riesgos asociados de evasión y lavado de activos. Su desmonte, según ese sector, profundizaría la inclusión financiera y reduciría la informalidad en el manejo del dinero.
En el plano fiscal, la propuesta plantea un dilema que cualquier reforma de este tipo debe resolver: cómo compensar la pérdida de ingresos. El Ministerio de Hacienda tendría que evaluar fuentes alternativas o ajustes en el gasto público para mantener el equilibrio presupuestal. Esa discusión será central en el trámite legislativo, donde la iniciativa necesitará el respaldo de mayorías en el Congreso para avanzar.
La propuesta se conoce en un contexto de presión sobre las finanzas del Estado, marcadas por compromisos de gasto en programas sociales, inversión en infraestructura y el servicio de la deuda. Cualquier modificación tributaria de esta magnitud requiere análisis técnicos sobre su efecto en la recaudación, en la banca y en la actividad económica. Sobre la mesa estará el ritmo del desmonte, los eventuales alivios por sectores y la defensa de los principios de progresividad y equidad que rigen el sistema tributario colombiano.
Si el texto llega al Congreso, el debate incluirá a partidos de gobierno y oposición, así como a gremios, académicos y organizaciones sociales. Las posiciones suelen dividirse entre quienes consideran prioritario aliviar la carga sobre los contribuyentes y quienes advierten sobre el riesgo fiscal de renunciar a un recaudo estable. El desenlace dependerá de la articulación política del Ejecutivo y de la capacidad de diálogo con las bancadas legislativas.