El congresista Daniel Briceño radicó ante el Congreso un proyecto de ley orientado a eliminar el cobro del impuesto del 4x1000 en las transferencias que una persona realiza entre sus propias cuentas bancarias. La propuesta apunta a unificar el tratamiento tributario de movimientos de dinero que, en la práctica, no constituyen un cambio de patrimonio para el titular.
El impuesto del 4x1000 fue creado en Colombia como una medida extraordinaria de carácter temporal, pensado originalmente para gravar la liquidez disponible en el sistema financiero y destinarla a programas sociales, seguridad y la atención de sectores vulnerables. Con el paso de los años, su carácter temporal se ha extendido mediante distintas prórrogas legislativas, lo que ha abierto un debate recurrente sobre su permanencia.
Una de las discusiones centrales sobre este gravamen gira en torno a las personas y empresas que, por motivos de organización financiera, administración de nómina o manejo de flujos, mantienen varias cuentas en distintas entidades bancarias. Cada traslado de fondos entre esas cuentas ha estado sujeto al cobro, incluso cuando se trata de operaciones que no generan enriquecimiento ni cambio real de propietario.
El proyecto radicado por Briceño se inscribe en ese escenario. Según el extracto de la propuesta, la iniciativa beneficiaría a un número creciente de colombianos que administran múltiples productos financieros, al exonerar del tributo a los movimientos internos de un mismo titular. El propósito es evitar que la carga tributaria se aplique sobre operaciones que solo responden a decisiones de manejo personal o empresarial.
La radicación abre un nuevo capítulo en el debate legislativo sobre la reforma a este impuesto, que ha sido tema de discusión en varias legislaturas sin que se haya logrado su eliminación definitiva. Distintos sectores han planteado la inconveniencia de gravar operaciones que no tienen propósito de consumo, ahorro financiero o transacción comercial tradicional.
Para los ciudadanos, el impacto potencial de una reforma de este tipo se traduce en menores costos al reorganizar sus recursos entre entidades financieras. En la práctica, los usuarios podrían simplificar la administración de su dinero sin asumir el costo recurrente del tributo, una queja frecuente entre quienes necesitan mover fondos por motivos personales, familiares o de seguridad patrimonial.
El trámite del proyecto seguirá el curso regular en el Congreso, donde deberá surtir debates en comisiones y plenarias. Sectores vinculados al sistema financiero, así como organizaciones ciudadanas y expertos tributarios, suelen pronunciarse sobre este tipo de iniciativas. El resultado final dependerá de la decisión legislativa y de las modificaciones que el texto reciba durante su discusión.
Por ahora, la propuesta queda formalmente radicada y a disposición del trámite congresional. Lo que sigue es conocer el texto definitivo, los argumentos técnicos que lo acompañen y las posturas de los distintos actores involucrados, antes de que se defina si prospera como ley de la República.