La campaña del presidente Abelardo De La Espriella encendió las alarmas por lo que califica como una nueva campaña de terror y bloqueo en su contra. El aviso llega en un momento sensible del calendario político, a pocos meses de las elecciones territoriales que deben celebrarse el próximo año en Colombia.
Según reportó Revista Semana, los colaboradores más cercanos del jefe de Estado sostienen que esta nueva ofensiva sería incluso más agresiva que la de 2019. En aquel momento, distintos sectores promovieron acciones para obstaculizar la candidatura presidencial de De La Espriella cuando aún era senador, con argumentos que iban desde lo jurídico hasta lo mediático.
La advertencia se interpreta como un intento por anticiparse a las movidas de la oposición y de sectores que históricamente han cuestionado al actual gobierno. En política colombiana, las campañas de bloqueo suelen combinar denuncias en medios de comunicación, acciones ante organismos de control y presión sobre aliados electorales para restar adhesiones.
Las elecciones territoriales son una cita clave porque en ellas se renuevan gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. El resultado define la correlación de fuerzas entre el Gobierno nacional y los mandatarios locales, y por eso suele ser escenario de disputas intensas entre los partidos.
Para la campaña presidencial, el objetivo declarado es defender la gestión y mantener la base política que llevó a De La Espriella a la Casa de Nariño. La preocupación explícita es que, sin una coordinación territorial sólida, las decisiones del Ejecutivo en regiones puedan quedar frenadas por autoridades locales de signo contrario.
Desde el lado de quienes critican al Gobierno, suele alegarse que las llamadas campañas de terror son una forma de desestimar el control político y ciudadano. En otras coyunturas similares, sectores opositores han negado la existencia de coordinaciones para bloquear al presidente y han enmarcado sus acciones en el ejercicio legítimo de la oposición.
La alerta de la campaña también pone la lupa sobre el papel de los medios de comunicación en la cobertura del Gobierno. En Colombia, las denuncias de supuestas campañas coordinadas de descrédito suelen generar debates sobre libertad de prensa, sesgo informativo y líneas editoriales, sin que exista hasta ahora un pronunciamiento oficial distinto al recogido por Semana.
Por ahora, no se conocen acciones judiciales formales derivadas de esta advertencia. Queda pendiente si la campaña presidencial presenta pruebas concretas sobre la supuesta coordinación opositora o si se trata de un mensaje político para movilizar a sus bases frente a un calendario electoral que se avecina.
En cualquier caso, el debate recién comienza y promete extenderse durante los próximos meses. Las elecciones territoriales, que congregarán a millones de votantes en todo el país, serán la prueba de fuego tanto para el Gobierno como para sus contradictores.