Aída Quilcué, reconocida lideresa del pueblo nasa y ganadora del Premio Goldman por la Defensa del Medio Ambiente, anunció que se opone al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y que promoverá la desobediencia civil frente a decisiones que, a su juicio, afecten a las comunidades étnicas y al territorio. La información fue publicada por el medio CAMBIO Colombia, que recogió sus declaraciones en el marco del inicio del nuevo periodo presidencial.
El anuncio se produce en un contexto de transición política: De la Espriella asumió la jefatura del Estado colombiano y ha definido prioridades en materia de seguridad, inversión privada y articulación con gobiernos locales, según las líneas generales difundidas por el propio gobierno. Sectores sociales y étnicos han expresado preocupación por el rumbo que puedan tomar proyectos extractivos, ambientales y de orden público en zonas donde operan pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos.
Quilcué es una figura pública con trayectoria nacional e internacional. Fue asesinada su hija de cinco años en 2014, hecho atribuido a un grupo armado ilegal en el norte del Cauca, y desde entonces ha encabezado el Consejo Regional Indígena del Cauca y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, espacios desde los cuales coordina acciones de movilización, denuncia y litigio estratégico. Su voz suele pesar en la definición de la postura de los pueblos nasa frente a las políticas del gobierno central.
La noción de desobediencia civil a la que apeló la lideresa no es nueva en Colombia. Ha sido utilizada por comunidades indígenas, estudiantiles y sindicales para protestar contra leyes, sentencias o decisiones administrativas que consideran contrarias a sus derechos. En el ordenamiento jurídico colombiano, el ejercicio de la protesta tiene reconocimiento constitucional y legal, aunque su límites y formas son debatidos por la jurisprudencia, la academia y los propios organismos de control, según lo que ha reiterado la Corte Constitucional en múltiples sentencias sobre el derecho a la reunión y a la manifestación pública.
El posicionamiento de Quilcué pone en relieve una de las líneas de tensión previsibles del gobierno de De la Espriella: el relacionamiento con los pueblos indígenas. La consulta previa, libre e informada, consagrada en el Convenio 169 de la OIT y en la jurisprudencia nacional, será un punto clave de la agenda, en la medida en que el gobierno impulse proyectos en zonas con presencia de comunidades étnicas. La lideresa señaló que acudirá a esa y a otras herramientas para defender los derechos colectivos, según registró CAMBIO Colombia.
La declaración también reactivó el debate sobre el alcance de la protesta en el marco del nuevo gobierno. Sectores afines al Ejecutivo suelen privilegiar el diálogo institucional por encima de la desobediencia civil, mientras que organizaciones sociales reivindican esta última como herramienta legítima frente a la falta de respuesta estatal. El gobierno, por su parte, ha convocado mesas de conversación con diversos sectores, aunque todavía no se conoce un pronunciamiento oficial sobre el anuncio de Quilcué, según el contenido de la nota.
Para las comunidades nasa y para otras organizaciones territoriales, el mensaje es claro: no respaldarán de manera pasiva la agenda del nuevo gobierno si consideran que esta pone en riesgo derechos adquiridos, el territorio o la vida de sus líderes. El liderazgo de Quilcué suele traducirse en acciones concretas, como jornadas de movilización, bloqueos y pronunciamientos públicos, que en años recientes han coincidido con coyunturas nacionales como las negociaciones de paz y las reformas al Código de Minas.
En el corto plazo, queda pendiente la respuesta formal del gobierno de De la Espriella y de las entidades del orden nacional competentes frente al anuncio, así como la evolución de las relaciones entre el Ejecutivo y las autoridades indígenas. CAMBIO Colombia seguirá informando sobre los puntos de encuentro o desencuentro que se desprendan de este posicionamiento, cuya cobertura incluye antecedentes, reacciones de las partes y eventuales acuerdos en los próximos meses.
La noticia pone de presente que la transición de mando en Colombia no solo se mide en el gabinete y en los proyectos legislativos, sino también en la relación con los pueblos originarios. Esa relación, históricamente atravesada por acuerdos y conflictos, marcará buena parte de la dinámica política del nuevo cuatrienio.