El 4 de julio de 2026, en un acto público en Cali, la líder indígena Aida Quilcué manifestó su rechazo a la propuesta del presidente electo Abelardo de la Espriella de derribar el monumento a la resistencia, según reportó Infobae. La intervención de Quilcué se dio en compañía del excandidato presidencial Iván Cepeda.
El monumento, conocido como el monumento a la resistencia, está ubicado en la ciudad de Cali y fue erigido como un reconocimiento a las víctimas de hechos violentos del país. Se trata de un símbolo que distintos sectores sociales vinculan con la memoria de organizaciones y comunidades afectadas por el conflicto armado.
La propuesta de Abelardo de la Espriella, según el extracto de la fuente, fue calificar la obra como una oda al terrorismo y plantear su derribo. Esa postura generó una reacción inmediata de defensores de derechos humanos y de líderes sociales, entre ellos Quilcué, quien pidió conservar la obra por su valor simbólico.
Aida Quilcué es una lideresa indígena ampliamente reconocida en el suroccidente colombiano. Su presencia en el acto le dio un peso particular a la defensa del monumento, pues vinculó la discusión sobre patrimonio urbano con la defensa de la memoria histórica de comunidades golpeadas por la violencia.
La intervención de Iván Cepeda, excandidato presidencial, sumó respaldo político a la posición de Quilcué. Cepeda ha sido una figura asociada a la defensa de derechos humanos y a procesos de paz, y su acompañamiento en el acto reforzó el carácter institucional del llamado a no tumbar la obra.
El cruce de declaraciones deja ver una disputa temprana entre el gobierno que se posesionará y sectores que defienden monumentos ligados a la memoria del conflicto. La discusión se produce en un momento sensible: el país aún avanza en la implementación de acuerdos y en debates sobre verdad, justicia y reparación.
Para los habitantes de Cali, la discusión toca un punto cercano. El monumento forma parte del paisaje urbano de la ciudad y cualquier decisión sobre su futuro requerirá permisos y trámites de las autoridades locales y nacionales competentes en materia de patrimonio y espacio público.
Por ahora, lo que queda en firme es la posición pública de Quilcué y Cepeda contra el derribo, y la declaración del presidente electo, que Infobae recogió como una oda al terrorismo. Será el gobierno entrante el que defina si impulsa formalmente la remoción del monumento y bajo qué argumentos legales.