El gobierno de Abelardo De la Espriella asumió con problemas fiscales encima y la necesidad de ordenar las cuentas del Estado. EL HERALDO publicó un análisis titulado 'Ajuste fiscal vs. reforma tributaria con fecha de vencimiento y sin futuro en el Congreso', que describe el dilema entre recortar gasto y volver a la carga tributaria.
Según el extracto, el Ejecutivo a cargo de De la Espriella deberá replantear la forma de mejorar las finanzas públicas. La palabra 'replantear' sugiere que la ruta inicial no dio resultado y que se abre un nuevo menú de opciones en medio de una Legislatura que ya tiene su propio calendario.
La fuente recuerda que se anuncian reformas en ambos gobiernos, es decir, que el trámite de una reforma tributaria venía caminando desde la administración anterior. Ese legado legislativo le llega al nuevo gobierno con el reloj legislativo en marcha y con mayorías por negociar en el Capitolio.
Una reforma tributaria tiene tiempos apretados en el Congreso. Las comisiones económicas y las plenarias de Cámara y Senado deben surtir ocho debates en cuatro legislaturas, un requisito constitucional que en la práctica reduce las ventanas reales de votación. Cuando la fuente habla de 'fecha de vencimiento', apunta a ese tope formal.
La frase 'sin futuro en el Congreso', incluida en el titular de EL HERALDO, resume el obstáculo político. La oposición y varios partidos independientes han expresado reparos al aumento de impuestos, mientras las centrales obreras y algunos gremios piden proteger a los sectores populares y a la clase media. Esa presión simultánea dificulta construir mayorías.
El ajuste fiscal, la otra vía descrita por el medio, consiste en contener el gasto público, mejorar el recaudo sin crear nuevos tributos y priorizar la deuda. Tiene la ventaja política de no pedir nuevos sacrificios a los contribuyentes, pero exige disciplina en ministerios y entidades descentralizadas, una tarea compleja en un país con alta rigidez presupuestal.
Para la ciudadanía, la decisión entre ajuste y reforma tiene efectos directos. Un recorte del gasto puede traducirse en menor inversión en regiones, ajustes en programas sociales y demoras en obras. Una reforma tributaria, en cambio, puede gravar consumo, renta o patrimonio, y alterar el bolsillo de hogares y empresas.
El contexto también pesa. Colombia cerró 2024 con un déficit fiscal elevado y una deuda pública en crecimiento, según los reportes oficiales del Ministerio de Hacienda. En ese marco, el margen del nuevo gobierno para maniobrar se reduce y cada movimiento en el Congreso se mide en función de las calificadoras de riesgo y de los acuerdos con organismos multilaterales.
Quedan varios escenarios sobre la mesa. El primero es archivar la reforma tributaria vigente y concentrarse en el ajuste del gasto. El segundo es retirar la actual y presentar una nueva, más corta y negociable. El tercero es aprobar una tributaria light enfocada en sectores puntuales, como las bebidas azucaradas o los dividendos, ya discutidos en debates anteriores.
Por ahora, el Ejecutivo a cargo de De la Espriella debe decidir pronto. Las sesiones ordinarias del Congreso tienen un calendario definido y, si la reforma no se mueve en las próximas semanas, el país avanzará hacia 2026 con las mismas reglas tributarias y con un ajuste fiscal que, según la fuente, será la herramienta principal para mejorar las finanzas públicas.