El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, publicó en su cuenta de X un mensaje en el que arremete contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro por un nuevo escándalo relacionado con la política de Paz Total. Según el extracto de ELTIEMPO.com, el mandatario local calificó la situación como un caso de 'narco-Estado' y denunció 'beneficios para delinquir'.
En su publicación, el alcalde sostuvo que 'mientras el Ejecutivo nacional adelantaba diálogos con grupos armados', la administración distrital de Barranquilla destinaba recursos a fortalecer la Fuerza Pública. La comparación busca contrastar dos enfoques distintos frente a los grupos armados ilegales: uno centrado en la negociación y otro en la inversión en seguridad.
La política de Paz Total, bandera del Gobierno Petro, ha sido objeto de debate desde su formulación. Sus críticos señalan que los diálogos con organizaciones criminales podrían otorgar ventajas indebidas a estructuras vinculadas al narcotráfico. El pronunciamiento del alcalde de Barranquilla se suma a las voces que cuestionan los alcances y los resultados de esa estrategia.
Por su parte, los defensores de la Paz Total sostienen que la búsqueda de sometimiento y la reducción de la violencia requieren caminos negociados, incluso con grupos considerados especialmente peligrosos. El episodio que motivó la queja del alcalde no se detalla en la fuente, por lo que no es posible precisar qué hechos concretos originaron la acusación de 'narco-Estado'.
La declaración del alcalde ocurre en un contexto de tensión entre varios mandatarios locales y el Gobierno nacional por el manejo de la seguridad y las conversaciones con grupos armados. Gobernadores y alcaldes han reclamado en distintas ocasiones mayor claridad sobre los acuerdos y sus implicaciones para la seguridad en sus territorios.
Para los ciudadanos de Barranquilla, la discusión tiene efectos directos. La ciudad ha reportado hechos de violencia asociados a disputas entre organizaciones criminales, y la inversión en pie de fuerza se ha convertido en una demanda recurrente de la ciudadanía. El contraste que plantea el alcalde apunta a defender la estrategia local de seguridad frente a cuestionamientos nacionales.
En lo institucional, la salida del alcalde reabre el debate sobre la coordinación entre el nivel nacional y los territorios en materia de seguridad y construcción de paz. Las diferencias de enfoque se traducen en señales políticas que pueden incidir en la opinión pública y en el respaldo ciudadano a las distintas estrategias de seguridad.
Por ahora, el Gobierno nacional no ha respondido de forma pública a las declaraciones del alcalde de Barranquilla, según la información disponible en la fuente. Queda pendiente conocer los detalles del escándalo que motivó la crítica, así como las reacciones oficiales y los próximos pasos en la política de Paz Total.