El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, salió al frente de los señalamientos formulados por el presidente Abelardo de la Espriella. Según la versión del mandatario local, hombres armados lo intimidaron, un hecho que añadió un componente de orden público al cruce de declaraciones entre el Gobierno nacional y la Alcaldía.
Acuña pidió de manera expresa que se respete la presunción de inocencia. Su llamado se dirige a la opinión pública y a las autoridades que conozcan del caso, en línea con el principio constitucional que obliga a tratar a cualquier ciudadano como inocente hasta que una sentencia ejecutoriada determine lo contrario.
El cruce de versiones se produce en un momento sensible para la capital de Sucre. Sincelejo es una ciudad de tamaño intermedio cuya administración municipal concentra responsabilidades en seguridad, servicios públicos y ejecución de obras, áreas en las que cualquier perturbación institucional puede tener efectos directos en la ciudadanía.
Desde la Presidencia, los señalamientos contra el alcalde forman parte de la línea de choque directo que el primer mandatario ha adoptado frente a varios mandatarios locales. Este estilo, basado en declaraciones públicas antes de que concluyan los procesos judiciales, ha generado reacciones encontradas en el espectro político nacional.
En el caso concreto de Acuña, la denuncia de intimidación armada eleva la discusión al terreno de la seguridad personal de un funcionario electo por voto popular. Cualquier investigación sobre ese hecho corresponde a la Fiscalía y a la Policía Nacional, que deberán determinar si existió o no la amenaza denunciada.
El episodio también reabrió el debate sobre los límites entre la lucha contra la corrupción y el debido proceso. Sectores académicos y jurídicos han recordado en reiteradas ocasiones que las denuncias del Ejecutivo deben acompañarse de pruebas concretas y remitirse a los organismos competentes, sin sustituir el papel de la justicia.
Por ahora, ni la Presidencia ni la Alcaldía de Sincelejo han informado sobre acciones judiciales formales derivadas de este cruce. Lo que queda en el aire es si los señalamientos presidenciales se traducirán en investigaciones oficiales y si la denuncia de intimidación armada del alcalde tendrá algún avance procesal en los próximos días.
Para los habitantes de Sincelejo, el hecho trasciende la confrontación política. La atención nacional sobre su alcalde y la denuncia de intimidación armada ponen el foco sobre la situación de seguridad de la ciudad, un factor que pesa en la vida cotidiana de los sucreños y en la confianza hacia sus instituciones.