El alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay, celebró públicamente la reactivación de las obras del Canal del Dique, una decisión atribuida al presidente electo Abelardo De La Espriella, según informó la Alcaldía Mayor de Cartagena. El pronunciamiento se conoce en un momento en que el proyecto hidroeléctrico y de navegación es considerado estratégico para la conectividad fluvial y la mitigación del riesgo de inundaciones en los municipios ribereños de Bolívar, Sucre y Atlántico.
El Canal del Dique es una obra de ingeniería que comunica el río Magdalena con la bahía de Cartagena. Su construcción original se remonta al siglo XVII y ha sido objeto de múltiples intervenciones a lo largo de la historia. En las últimas décadas, el proyecto de restauración de los ecosistemas degradados por el canal se convirtió en una de las iniciativas de infraestructura más ambiciosas del país, con impactos directos sobre la pesca artesanal, la agricultura y el transporte de carga.
La reactivación anunciada se produce después de un período de incertidumbre sobre la continuidad de los trabajos. Distintos sectores productivos de la región Caribe venían reclamando la culminación del proyecto, argumentando que su paralización afectaba la competitividad logística del puerto de Cartagena y la seguridad hídrica de los municipios cercanos al sistema de ciénagas y caños que conecta el canal.
El pronunciamiento de Turbay se enmarca en una línea de respaldo político entre mandatarios locales y el gobierno electo. Cartagena, como ciudad portuaria, depende en buena medida del calado y la navegabilidad del canal para el ingreso y salida de carga. Una obra concluida y operativa, según han planteado gremios como Analdex y la Cámara de Comercio de Cartagena, podría ampliar la capacidad del puerto y reducir costos logísticos para exportadores e importadores.
Más allá del componente comercial, el proyecto tiene un componente ambiental sensible. La restauración del Canal del Dique contempla la recuperación de humedales, el control de sedimentos y la protección de comunidades que históricamente han sufrido inundaciones durante las temporadas de lluvias. Organizaciones ambientales han señalado que una ejecución completa, con los componentes técnicos previstos, es indispensable para reducir la vulnerabilidad de poblaciones como Calamar, Mahates y San Cristóbal, entre otras.
La alcaldía de Cartagena no detalló en su comunicado el cronograma de ejecución ni los montos involucrados en la fase de reactivación. Tampoco se conocieron reacciones de los contratistas ni de los entes de control que han seguido el proyecto. La reactivación, según la información divulgada por la alcaldía, se inscribe en los compromisos del nuevo gobierno con la región Caribe.
Queda pendiente conocer los plazos oficiales de reanudación, las inversiones anunciadas y los mecanismos de seguimiento que se implementarán. Sectores productivos, comunidades ribereñas y autoridades locales estarán atentos al desarrollo de los trabajos y al cumplimiento de los estándares ambientales pactados en la licencia del proyecto.
La decisión, según el alcalde Turbay, marca un punto de inflexión para una obra que durante años dividió las opiniones entre quienes la consideraban una oportunidad de desarrollo y quienes alertaban por sus efectos sobre los ecosistemas del bajo Magdalena.