Los alcaldes de Ocaña, en Norte de Santander, y de Inzá, en Cauca, elevaron un reclamo conjunto al Gobierno nacional: piden más seguridad y más inversión social para municipios que, según dicen, llevan años soportando la violencia de grupos armados. La petición se conoce en un contexto de ataques con drones y hostigamientos que, de acuerdo con la fuente, mantienen en alerta a ambas poblaciones.
Ocaña es uno de los municipios más poblados de la provincia del Catatumbo, una región que ha sido escenario recurrente de disputas entre organizaciones armadas por el control del territorio y de economías ilegales como el narcotráfico. La cercanía con la frontera venezolana y la presencia histórica del ELN y de las disidencias de las FARC han marcado la dinámica de seguridad del municipio durante la última década.
Por su parte, Inzá está ubicado en el oriente del Cauca, una zona donde convergen la presencia de grupos armados ilegales, economías de cultivos de uso ilícito y disputas por corredores de movilidad hacia el Huila y el Putumayo. La Defensoría del Pueblo ha incluido varios municipios del oriente caucano en sus alertas tempranas por riesgos para la población civil.
El uso de drones con cargas explosivas es una modalidad que se ha extendido en los últimos años en distintas regiones de Colombia. Estos artefactos han sido empleados tanto para atacar a la fuerza pública como para hostigar a la población y a la infraestructura. Las Fuerzas Militares han confirmado la interceptación de varios de estos aparatos en zonas del Catatumbo, el Cauca y Arauca.
Los alcaldes plantearon que la respuesta del Estado no puede limitarse a la presencia militar. Pidieron carreteras, inversión en salud y educación, y proyectos productivos que ofrezcan alternativas a los jóvenes de la región. La petición fue resumida por la fuente con la frase “Necesitamos seguridad y desarrollo”, que recoge el doble reclamo de las dos alcaldías.
Desde el Gobierno nacional se han anunciado en distintas ocasiones planes de inversión social y de despliegue militar para las zonas más afectadas por la violencia. Alcaldes y gobernaciones suelen pedir que esas promesas se traduzcan en obras concretas y en presencia permanente de las fuerzas de seguridad, no solo en operativos puntuales.
La situación en Ocaña e Inzá ocurre en medio de un debate nacional sobre la estrategia de seguridad. Mientras sectores políticos y académicos piden cambios en la política de paz total, las comunidades de las zonas afectadas insisten en que lo urgente es proteger a la población civil y abrir oportunidades económicas.
Por ahora, los mandatarios locales esperan una mesa de trabajo con el Gobierno nacional. En sus territorios, la población sigue ajustando su vida cotidiana a la alerta por drones y hostigamientos, mientras las escuelas, los comerciantes y los campesinos intentan mantener su rutina en medio de la incertidumbre.