Un grupo de alcaldes le elevó al presidente Abelardo de la Espriella un pedido formal para activar un paquete de medidas extraordinarias que les permita redirigir recursos públicos hacia la atención de la emergencia provocada por el reciente terremoto en Colombia, según reportó Infobae.
La solicitud central es que el Gobierno nacional les dé a los mandatarios locales herramientas jurídicas y financieras para responder con mayor rapidez en sus territorios. La idea es que puedan disponer de partidas que en condiciones normales tienen un destino distinto, como las de deporte y cultura, y orientarlas a la crisis.
Los alcaldes argumentan que la magnitud de los daños exige una respuesta que excede la capacidad operativa de los municipios. Hablan de la necesidad de proteger a las comunidades afectadas y de acelerar la reparación de la infraestructura que resultó comprometida por el movimiento telúrico.
La petición llega en un momento delicado para los municipios, que suelen ser los primeros en atender la emergencia en el territorio mientras se coordinan las respuestas con el nivel departamental y nacional. La disponibilidad de caja y la flexibilidad en el uso de los recursos marcan la diferencia en las primeras horas y semanas tras un desastre.
Entre los antecedentes del esquema presupuestal colombiano está la existencia de rubros sectoriales administrados por los entes territoriales, entre ellos los de cultura y deporte, que están atados a finalidades específicas. Reorientarlos requiere, en la mayoría de los casos, autorizaciones del orden nacional, ya sea del Ministerio de Hacienda o de los ministerios del sector correspondiente.
Los alcaldes también pidieron, según la información de Infobae, que la respuesta estatal sea coherente con la magnitud de los daños. La crisis por el terremoto ha puesto presión sobre los hospitales, las vías, las escuelas y las viviendas de las zonas golpeadas, y la infraestructura comunitaria es de las primeras en resentirse.
La solicitud fue presentada por la organización que agrupa a los mandatarios locales, que actúa como vocera de los intereses de los municipios ante el Gobierno nacional. Una petición de este tipo es frecuente en escenarios de desastre, cuando los alcaldes necesitan liquidez y márgenes de maniobra que el presupuesto ordinario no les concede.
Por ahora, la pelota está en el escritorio del presidente De la Espriella y de su equipo ministerial. Queda pendiente definir si el Gobierno acoge total o parcialmente el pedido, qué mecanismo legal usaría para flexibilizar el uso de los recursos y en cuánto tiempo se reflejan las primeras transferencias en los municipios damnificados.
La decisión que adopte la Administración será observada de cerca no solo por los alcaldes, sino por las comunidades que esperan una respuesta concreta en materia de vivienda, vías, salud y servicios públicos. La crisis dejó al descubierto, una vez más, la dependencia de los municipios con respecto a las decisiones del nivel central en momentos de emergencia.