Según la investigación publicada por La Silla Vacía, la Alcaldía de Barranquilla adjudicó un contrato por $297,5 millones a la firma de abogados ligada al jurista Abelardo de la Espriella. El objeto del contrato es asumir parte de la defensa judicial y extrajudicial del Distrito en procesos en curso.
Con esta nueva contratación, la firma vinculada a De la Espriella acumula, desde 2025, tres contratos con la Administración distrital por un total de $1.249 millones, de acuerdo con el reporte de La Silla Vacía. La nota detalla que se trata de procesos ya iniciados en distintas instancias.
La Alcaldía de Barranquilla es el ente ejecutivo de la ciudad y está encabezada por el alcalde Alejandro Char Chaljub, uno de los miembros de la familia Char, figuras tradicionales de la política local y con influencia en el Atlántico. Los recursos para la contratación provienen del presupuesto del Distrito.
Este tipo de contratos de defensa jurídica suele usarse cuando la entidad enfrenta litigios o reclamaciones que requieren representación especializada externa. En el caso de los municipios y distritos, es frecuente que los procesos en los que es parte la propia administración excedan la capacidad operativa de la Oficina Asesora Jurídica.
La relación entre los Char y De la Espriella tiene trayectoria pública. El jurista ha estado vinculado a procesos jurídicos de la familia y del grupo empresarial en el pasado. Además, el nombre de De la Espriella ha sonado en distintas coyunturas del orden nacional, lo que añade contexto político al reporte.
La Silla Vacía advierte que la suma de los contratos alcanza los $1.249 millones en menos de un año, lo que permite dimensionar la magnitud de la contratación. El dato, sin embargo, no incluye una evaluación de fondo sobre la legalidad o pertinencia de los acuerdos, tema que corresponde a los organismos de control.
Para los ciudadanos de Barranquilla, este tipo de contratos tiene efecto sobre el presupuesto público: cada peso destinado a defensa judicial es un peso que no se ejecuta en inversión directa en barrios, vías, salud o educación. La trazabilidad de la contratación queda registrada en las plataformas oficiales de transparencia.
La investigación periodística no reportó, hasta el momento de su publicación, pronunciamientos de la Alcaldía ni del bufete contratado sobre los señalamientos. Tampoco se conocieron reacciones de los partidos políticos del Distrito frente a la noticia.
Queda por verse si los organismos de control, como la Procuraduría o la Contraloría, abren alguna revisión sobre estos contratos. Mientras tanto, el reporte deja sobre la mesa la pregunta sobre la concentración de la defensa jurídica del Distrito en una misma firma en un periodo corto.