Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, dirigió un oficio a los fiscales de la Corte Penal Internacional. En la carta manifestó su preocupación por algunas propuestas del presidente Abelardo de la Espriella que, según el extracto publicado por El Tiempo, podrían afectar el funcionamiento del sistema transicional colombiano.
El oficio solicita respaldo a la autonomía y al funcionamiento de la jurisdicción transicional. La JEP es el componente judicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, creado por el Acuerdo de Paz de 2016 entre el Estado colombiano y las FARC. Su tarea es investigar, juzgar y sancionar los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado.
La comunicación con la CPI se da en un contexto de tensiones entre distintos sectores políticos sobre el alcance de la justicia transicional. Algunas voces han planteado modificar las competencias de la JEP o revisar los beneficios penales acordados con excombatientes, mientras que organizaciones de víctimas y de derechos humanos han defendido el modelo actual como una conquista del proceso de paz.
La Corte Penal Internacional mantiene desde hace años un examen preliminar sobre Colombia por los crímenes del conflicto. Aunque la JEP fue diseñada como un mecanismo complementario a esa corte, cualquier debilitamiento de su autonomía podría reactivar el interés de La Haya en abrir investigaciones formales contra actores del conflicto.
El paso dado por Ramelli se interpreta como un mensaje preventivo hacia el nuevo gobierno. Al acudir al organismo internacional, la presidencia de la JEP busca blindar el marco institucional frente a eventuales reformas que puedan tramitarse en el Congreso o por vía administrativa durante la administración de De La Espriella.
Desde el sector gubernamental no se conocía, al cierre de esta información, una respuesta oficial al oficio. El nuevo gobierno no ha detallado públicamente el contenido exacto de las propuestas que inquietan a la JEP, aunque voceros cercanos al Ejecutivo han señalado en distintas ocasiones la intención de revisar puntos del Acuerdo de Paz.
La Jurisdicción Especial para la Paz está integrada por salas y un tribunal que conocen los casos de excombatientes de las FARC, miembros de la Fuerza Pública y terceros civiles. A la fecha ha proferido decisiones sobre máximos responsables, ha emitido resoluciones de acusación y avanza en macrocasos como el de secuestros y el de reclutamiento forzado de menores.
Para las víctimas del conflicto, el pronunciamiento de Ramelli tiene peso propio. Organizaciones como la Comisión Colombiana de Juristas han advertido que cualquier intento de desmonte de la JEP pondría en riesgo los derechos adquiridos y la reparación alcanzada en más de dos décadas de negociaciones y acuerdos.
Queda pendiente la reacción formal de la Fiscalía de la CPI y del gobierno nacional. La JEP también deberá decidir si hace público el contenido completo del oficio, mientras sectores académicos y políticos evalúan si las propuestas cuestionadas corresponden a proyectos concretos de ley o a declaraciones de campaña del hoy presidente De La Espriella.