El magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), no recibió invitación para asistir a la ceremonia de posesión del nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, según reportó Infobae. La ausencia del titular de la JEP en una posesión presidencial constituye un hecho sin precedentes desde que el tribunal inició sus funciones en 2018.
La JEP es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creado tras el acuerdo de paz de 2016 con las FARC. Su mandato incluye investigar, juzgar y sancionar las violaciones graves a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario cometidas en el marco del conflicto armado colombiano. En sus casi siete años de funcionamiento, el tribunal ha proferido decisiones sobre casos de excombatientes, agentes del Estado y terceros civiles.
El contexto de la ausencia coincide con señales de la administración entrante sobre una revisión del funcionamiento, los recursos y el papel de la justicia transicional en Colombia. Aunque los detalles de esa revisión no se han precisado en el extracto disponible, la sola mención sobre el futuro del tribunal genera expectativa entre víctimas, comparecientes y organizaciones de derechos humanos que han seguido de cerca los procesos.
Para las víctimas del conflicto, la continuidad de la JEP representa un compromiso con el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Para los excombatientes que firmaron el acuerdo, el tribunal es la vía para obtener sanciones propias y beneficios jurídicos condicionados al cumplimiento de las obligaciones pactadas. Cualquier cambio en su estructura o en sus recursos afecta directamente a estos grupos.
En el plano institucional, la JEP depende orgánicamente del Estado colombiano y su financiamiento proviene del Presupuesto General de la Nación. El tribunal opera a través de salas y secciones que conocen los casos, y cuenta con una unidad de investigación propia. Una eventual modificación de su autonomía, de su planta de personal o de su presupuesto requeriría decisiones del Congreso o de la Rama Judicial.
Desde 2018, la JEP ha enfrentado cuestionamientos sobre la duración de los procesos, la capacidad sancionatoria y la equidad entre comparecientes. Sectores políticos han pedido reformas, mientras que víctimas y organizaciones internacionales han defendido su independencia. La posesión presidencial suele ser el momento en que el nuevo gobierno fija señales sobre su relación con las entidades del Estado.
Por ahora, ni la administración entrante ni la presidencia de la JEP han emitido pronunciamientos públicos sobre el alcance de la revisión planteada, según la información disponible. Tampoco se conoce si la no invitación a Ramelli fue un hecho protocolar o un mensaje deliberado sobre el relacionamiento entre el Gobierno nacional y la justicia transicional.
Quedan varias preguntas abiertas sobre lo que viene para la JEP. Entre ellas, si habrá cambios normativos, si se modificará la asignación presupuestal y cómo se tramitarán los procesos en curso. Las próximas semanas, con el nuevo gabinete instalado y las primeras declaraciones oficiales, permitirán dimensionar el alcance real de esa revisión sobre el tribunal de paz.