La región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, enfrenta una nueva alerta por el aumento de campos minados en su zona rural. Según reportó Caracol Radio, los hechos se han concentrado en caminos veredales y vías terciarias de municipios como Tibú y El Tarra, corredores por los que se mueve a diario la población campesina para llegar a sus parcelas y al casco urbano.
Las víctimas de estos artefactos explosivos y sus familias pidieron apoyo directo al Gobierno nacional. La solicitud incluye acompañamiento humanitario, atención en salud y acciones para limpiar los territorios afectados, en una zona que durante años ha sido escenario del conflicto armado interno.
El Catatumbo es una de las zonas históricamente golpeadas por la presencia de grupos armados ilegales y por la siembra de cultivos de uso ilícito. La geografía montañosa y la densidad de la vegetación han dificultado tanto el control estatal como las tareas de desminado humanitario que lideran organizaciones civiles y militares.
La contaminación por minas antipersonal y municiones sin detonar es un problema reconocido por el Estado colombiano desde hace más de dos décadas. Colombia es uno de los países más afectados por este flagelo en el mundo, y la suscripción del Tratado de Ottawa en 2000 fijó compromisos de limpieza y atención a víctimas que se han extendido en sucesivas prórrogas.
Organizaciones de desminado humanitario han señalado en otras ocasiones que la información entregada por los excombatientes y por las comunidades es clave para avanzar en la limpieza. Esa cooperación, sin embargo, se ha visto interrumpida en múltiples ocasiones por la dinámica de violencia en zonas como el Catatumbo, donde la población civil queda atrapada entre los grupos armados y los riesgos de la contaminación.
Para los habitantes de Tibú y El Tarra, el peligro no se limita a las veredas más alejadas. Los caminos veredales y las vías terciarias son la principal conexión con los mercados, las escuelas y los centros de salud, por lo que un campo minado en estos trayectos afecta la vida cotidiana de toda la comunidad y limita el acceso a servicios básicos.
Desde la sociedad civil y organismos internacionales se ha insistido en que la atención a las víctimas de minas incluye no solo la respuesta médica inmediata, sino también la rehabilitación, la inclusión social y el acompañamiento psicosocial. Estos procesos suelen ser largos y requieren articulación entre entidades del orden nacional y territorial.
Las víctimas que pidieron ayuda al Gobierno nacional esperan ahora una respuesta concreta que combine la entrega de información sobre las zonas contaminadas, el despliegue de equipos de desminado y medidas de protección para quienes transitan por los caminos rurales. Queda pendiente conocer qué medidas adoptará el Ejecutivo frente a esta alerta.
Mientras tanto, las autoridades locales y las organizaciones de desminado mantienen el llamado a la comunidad para que reporte cualquier artefacto sospechoso y evite manipularlo, como una forma de reducir el número de víctimas mientras se avanza en la limpieza de los territorios afectados en el Catatumbo.