De acuerdo con el reporte de ELTIEMPO.COM, un grupo armado ilegal citó a habitantes del municipio de Los Andes Sotomayor, en el departamento de Nariño, y los amenazó por haber respaldado al presidente electo Abelardo De La Espriella. El mensaje intimidatorio, según la fuente, incluyó la advertencia de que tenían identificados a los votantes.
Los Andes Sotomayor es un municipio del occidente de Nariño, una zona históricamente afectada por la presencia de grupos armados y economías ilegales ligadas al narcotráfico. En esa región delinquen estructuras disidentes de las extintas Farc que no se acogieron al Acuerdo de Paz de 2016 y que mantienen disputas con otros actores armados por el control territorial.
La situación preocupa a las autoridades locales porque las amenazas colectivas y las citaciones a la comunidad son una vieja estrategia de los grupos armados para imponer normas de comportamiento, señalar a supuestos colaboradores de algún bando político y restringir la participación electoral en zonas rurales.
La mención directa al voto por el actual presidente electo introduce un componente político poco habitual. Implica que el grupo armado busca sancionar o prevenir respaldos a la figura del jefe de Estado, lo que configura un escenario de intimidación al electorado en zonas donde el Estado tiene presencia limitada.
Los habitante del municipio que recibieron la citación quedaron en una situación de alta vulnerabilidad. Denunciar abiertamente puede exponerlos a represalias, mientras que el silencio refuerza el control del grupo armado sobre la vida cotidiana de la población.
Desde el punto de vista institucional, este tipo de hechos activa protocolos de la Fuerza Pública y de los organismos de seguridad. La Defensoría del Pueblo y la Personería suelen monitorear alertas tempranas en regiones con riesgo de violaciones a los derechos humanos, y el reciente cambio de gobierno suele acelerar la revisión de esos reportes.
En Nariño, las disidencias de las Farc se han reorganizado en distintas facciones tras el Acuerdo de Paz. Algunas se han sentado a negociar con el gobierno nacional en distintas etapas, mientras otras han mantenido una línea de confrontación armada, con reclutamiento de menores, extorsiones y control social sobre comunidades campesinas e indígenas.
La alerta se conoce en un contexto nacional marcado por la expectativa sobre la política de seguridad del gobierno entrante. Sectores políticos, militares y de derechos humanos siguen de cerca cómo se atenderá la situación en Nariño, donde confluyen cultivos de coca, corredores de movilidad hacia el Pacífico y disputa entre grupos armados por rentas ilegales.
Por ahora, la comunidad espera protección y respuestas concretas de las autoridades para reducir el riesgo de nuevos hechos de intimidación y para garantizar que el ejercicio político en la región no quede sometido al vasallaje de los grupos armados.