El diario El Tiempo publicó un reporte sobre presuntas irregularidades detectadas en el proceso de liquidación del Ministerio de la Igualdad, entidad creada durante el gobierno de Gustavo Petro y cuya supresión hace parte del cierre administrativo de esa administración. Según el medio, las anomalías se habrían presentado en el manejo de bienes, contratos y personal durante la etapa de transición.
Además del Ministerio de la Igualdad, el reporte señala a otras entidades del orden nacional. El Ministerio de Defensa, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias) y la empresa Cenit, filial de Ecopetrol dedicada al transporte de hidrocarburos, aparecen en la lista de dependencias con observaciones por presuntas inconsistencias en su cierre o en decisiones de última gestión.
De forma paralela, la Cancillería fue escenario de nombramientos de última hora que llamaron la atención del medio. Estos movimientos de personal se conocieron en las semanas previas a la terminación del periodo presidencial, un momento sensible porque involucra cargos con responsabilidad en la política exterior del país.
El Ministerio de la Igualdad fue creado en 2023 como una de las apuestas centrales del gobierno Petro para atender a poblaciones históricamente excluidas, como mujeres, comunidades étnicas y personas con discapacidad. Su liquidación, ordenada al cierre del cuatrienio, supone el regreso de esas poblaciones a la oferta institucional de otras entidades del Estado, un proceso que organizaciones sociales venían pidiendo que se hiciera de manera ordenada y con rendición de cuentas.
Las alertas sobre la liquidación se conocen en un contexto institucional delicado. La Ley 951 de 2005 y los manuales de cierre del Departamento Administrativo de la Función Pública obligan a las entidades a entregar inventarios, informes financieros y actas de empalme completos. Cualquier vacío en esos documentos puede traducirse en investigaciones posteriores de los órganos de control, en especial la Contraloría General y la Procuraduría.
Para la ciudadanía, el impacto es directo en dos frentes. El primero es la continuidad de los programas sociales que atendía el Ministerio de la Igualdad, cuyos usuarios dependen de que la transición a otras entidades no deje vacíos en la oferta de servicios. El segundo es la transparencia en el manejo de recursos públicos, porque cualquier anomalía en la liquidación compromete la información que reciben los nuevos equipos de gobierno y los organismos de control.
En el caso de Cenit, la compañía maneja infraestructura estratégica para el transporte de crudo y derivados en el país. Cualquier decisión administrativa en su cierre de gestión puede afectar la operación y la contratación en curso, con consecuencias sobre la cadena energética nacional. La inclusión de la empresa en las alertas periodísticas sugiere que el medio encontró elementos que serán revisados por las autoridades competentes. Sobre Defensa y Minciencias, los señalamientos apuntan a posibles inconsistencias en la entrega de información o en decisiones de última hora.
Los nombramientos en la Cancillería, por su parte, ocurren cuando el país atraviesa cambios diplomáticos sensibles. Cada embajador y funcionario de alto nivel representa al Estado en escenarios bilaterales y multilaterales, por lo que los relevos en este momento llaman la atención de observadores y de la opinión pública.
El reporte de El Tiempo deja varios temas pendientes. Falta que los organismos de control abran investigaciones formales, que las entidades involucradas entreguen explicaciones públicas y que el gobierno saliente presente un balance detallado del empalme. La siguiente administración y los ciudadanos esperan claridad sobre el estado real de las finanzas, los contratos y el talento humano que dejan las entidades cuestionadas.