Una alerta por recorte presupuestal vuelve a poner en el centro del debate las inversiones proyectadas por el gobierno de Abelardo de La Espriella en infraestructura y transporte. De acuerdo con La Nación, el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) de Neiva, el corredor vial Santana-Mocoa-Neiva y nueve tramos adicionales aparecen en el listado de proyectos con recursos comprometidos cuya continuidad no está garantizada. La información fue difundida este lunes por ese medio regional.
El SETP de Neiva es uno de los sistemas de transporte masivo de tamaño medio que el Gobierno nacional viene cofinanciando desde hace varios periodos. Su objetivo declarado es organizar la movilidad urbana en ciudades intermedias mediante buses padrones, carriles preferenciales y una autoridad de transporte propia. Neiva, capital del Huila, ha sido una de las ciudades piloto de este modelo junto con Armenia, Pereira y Pasto.
El corredor Santana-Mocoa-Neiva conecta al Putumayo con el sur del Tolima y el norte del Huila. Es una vía estratégica para la salida de productos agrícolas y para la integración del piedemonte amazónico con el interior del país. Su pavimentación completa ha sido una solicitud reiterada de los gobernadores del Putumayo y del Huila, y forma parte de los compromisos del Plan Vial Regional.
A estos dos proyectos se suman nueve tramos adicionales que el medio identifica en la lista oficial de inversiones pero sin detallar su ubicación ni longitud. La sola mención de un número elevado de frentes de obra bajo alerta sugiere que la revisión presupuestal abarca buena parte del programa de infraestructura vial del actual gobierno, no solo casos puntuales.
La fuente consultada por La Nación señala que se trata de una alerta, no de una decisión final. El Ministerio de Hacienda tendría que evaluar la disponibilidad de caja antes de certificar los giros del próximo año. Esa certificación es la que permite a los contratistas continuar con frentes de obra, pagar nóminas y mantener los convenios con los municipios.
Para los ciudadanos el efecto es directo. Cuando un SETP se paraliza, las rutas alimentadoras y los buses nuevos dejan de llegar a barrios que esperaban el servicio. Cuando una vía nacional entra en pausa, los transportadores de carga asumen costos extra en combustible y mantenimiento, y los pasajeros de buses intermunicipales suman horas de viaje en trayectos sin pavimentar.
Desde el sector constructor regional la preocupación es similar. La Cámara Colombiana de la Infraestructura ha advertido en otras oportunidades que un recorte de este tipo pone en riesgo miles de empleos directos e indirectos. En el sur del país, donde la economía depende en buena parte de la obra pública, la noticia suele tener un efecto inmediato en el comercio local.
La Gobernación del Huila y la Alcaldía de Neiva no aparecen citadas en el extracto difundido por La Nación, pero en episodios similares los mandatarios locales suelen solicitar mesas de seguimiento con el Ministerio de Transporte y con el Departamento Nacional de Planeación. Esos espacios sirven para establecer prioridades y firmar actas de compromiso sobre cronogramas y desembolsos.
En el ámbito político la alerta se suma al debate sobre el tamaño del presupuesto general de la Nación y al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. Críticos y defensores del gobierno discuten si se trata de un ajuste técnico necesario o de un recorte que compromete metas de equidad regional. Lo cierto, según la fuente, es que la lista existe y los proyectos están identificados.
Queda pendiente la publicación oficial del decreto de liquidación del presupuesto o de la resolución del Ministerio de Hacienda que confirme los montos finales. Hasta entonces, los contratistas, las autoridades locales y las veedurías ciudadanas estarán atentos a los próximos comunicados del gobierno nacional sobre estos proyectos.