La Fundación para el Estado de Derecho emitió una alerta pública por lo que calificó como un “grave precedente” tras la reacción del Gobierno nacional frente a la elección de Carolina Soto como presidenta de la Cámara de Infraestructura, según reportó Infobae. La organización aseguró que esa reacción desconoce la autonomía de las organizaciones privadas.
En su pronunciamiento, la fundación sostuvo que el poder público no puede exigir afinidades políticas a quienes dirigen estas agremiaciones. Esa es la base de la preocupación: la independencia gremial frente a criterios de alineación ideológica o partidista.
La Cámara de Infraestructura es una agremiación del sector privado que agrupa a empresas y actores vinculados a proyectos de obras públicas, concesiones y construcción de infraestructura en Colombia. Su presidencia se elige entre los miembros del gremio, en un proceso interno que no depende del Gobierno.
Según la fundación, la presión del Ejecutivo en este tipo de decisiones puede sentar un precedente sobre cómo se relaciona el Estado con las organizaciones privadas que interactúan con el sector público. Advirtió que el riesgo es que esa injerencia se extienda a otros gremios y espacios de representación empresarial.
El caso ocurre en un momento sensible para el sector de infraestructura, acostumbrado a una interlocución directa con el Gobierno por la naturaleza de los contratos y proyectos que ejecuta. La composición de la Cámara suele ser relevante para las políticas de contratación, asociación público-privada y ejecución de obras.
La fundación pidió que se respete la autonomía de las organizaciones privadas y que las relaciones entre el Gobierno y estos gremios se mantengan dentro de los marcos institucionales. No presentó, según el reporte, una solicitud formal adicional más allá de la alerta pública.
Carolina Soto es una economista cuya elección como presidenta de la Cámara de Infraestructura fue el hecho que originó la controversia. Su perfil técnico y profesional es el centro de la discusión sobre si la objeción del Ejecutivo se basa en razones de fondo o de afinidad política.
Queda por verse si el Gobierno responde al pronunciamiento de la fundación y si el debate sobre la autonomía gremial escala en el Congreso o en otros espacios institucionales. La Fundación para el Estado de Derecho es conocida por su seguimiento a temas de separación de poderes y Estado de derecho en Colombia.