El equipo de prensa del presidente electo Abelardo de la Espriella reportó que las autoridades competentes fueron alertadas sobre una presunta amenaza en su contra. Según el comunicado difundido por la oficina de comunicación, la advertencia apunta a estructuras armadas ilegales y el caso ya se encuentra en etapa de investigación.
De acuerdo con la información publicada por Infobae, la amenaza sería atribuida al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a disidencias de las Farc. Estas dos organizaciones han sido señaladas en distintos informes como actores del conflicto armado que continúan activos en varias regiones del país, pese a los procesos de diálogo y a los acuerdos de paz firmados en 2016 con la extinta guerrilla de las Farc.
El esquema de seguridad de los presidentes en Colombia está a cargo de la Unidad Nacional de Protección y de la Policía Nacional, con coordinación de la Casa de Nariño. Para un presidente electo, antes de la posesión, la protección suele reforzarse con apoyo de la Policía Antinarcóticos, el Gaula y unidades de inteligencia militar, dependiendo de la evaluación de riesgo que elaboren los organismos del Estado.
La revelación de un presunto plan contra un jefe de Estado colombiano activa, por lo general, protocolos que incluyen revisión de comunicaciones interceptadas, verificación de fuentes humanas y seguimiento a movimientos de grupos armados en zonas urbanas y rurales. Las autoridades no han entregado, hasta el momento, detalles sobre la magnitud del riesgo ni sobre los municipios donde se habría detectado alguna pista.
El anuncio llega en un momento sensible para la seguridad nacional. El ELN mantiene una mesa de diálogo con el Gobierno en el marco de la política de paz total, aunque esos acercamientos han atravesado crisis tras hechos violentos y secuestros. Las disidencias de las Farc, por su parte, se han fragmentado en varios frentes, algunos de ellos dedicados al narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.
Para los ciudadanos, este tipo de alertas suele traducirse en un aumento de los dispositivos de seguridad en los lugares por donde se desplaza el presidente electo, incluidos eventos públicos, actos de campaña y reuniones oficiales. También puede implicar restricciones temporales de movilidad en zonas cercanas a sus actividades, una medida que afecta de manera directa a transeúntes y comerciantes.
La gravedad de una amenaza atribuida a dos organizaciones al mismo tiempo radica en su capacidad operativa. El ELN y las disidencias de las Farc han protagonizado, en los últimos años, acciones conjuntas en algunas regiones como el Catatumbo y el sur del país, lo que amplía el rango de zonas que las autoridades deben vigilar para descartar movimientos coordinados.
Desde la oficina de prensa del mandatario electo se pidió a las autoridades avanzar con celeridad en las pesquisas y dar claridad sobre los responsables. No se reportaron, por ahora, personas detenidas ni evidencia material decomisada que permita confirmar o descartar la veracidad del plan.
Lo que sigue en las próximas horas es la comunicación oficial de los organismos de seguridad sobre los avances de la investigación. También se espera que la Casa de Nariño, una vez se posesione el nuevo gobierno, se pronuncie sobre el esquema de protección que rodeará al presidente en ejercicio y sobre la continuidad de los diálogos con el ELN y las disidencias.