El decreto expedido por el gobierno nacional para regular la afiliación a seguridad social de los trabajadores que se ganan el ingreso repartiendo pedidos a través de plataformas digitales generó una alerta inmediata en el sector. La plataforma Alianza In, que agrupa a una parte de estos repartidores, afirmó que la medida podría disparar los costos más de 200%, según reportó El Colombiano.
En su comunicado, Alianza In sostuvo que el nuevo esquema de cotización terminaría trasladando una carga económica significativa tanto a las plataformas como a los propios repartidores, que en su mayoría trabajan como independientes. Para el gremio, el impacto no se limita a una mayor erogación mensual, sino que pondría en riesgo la sostenibilidad del modelo de negocio que vincula a miles de personas en el país.
El decreto responde a una deuda histórica del Estado colombiano con los trabajadores de plataformas, que hasta ahora operaban en un vacío frente a aportes a pensión, salud y riesgos laborales. Tras varios intentos legislativos fallidos, el gobierno optó por la vía reglamentaria para fijar reglas de afiliación, topes de cotización y responsabilidades de las plataformas. La intención declarada es cerrar la brecha de protección social que afecta a cientos de miles de repartidores y conductores en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.
Sin embargo, las reacciones no se hicieron esperar. Algunas voces del sector han pedido que la implementación sea gradual y que se contemplen los ingresos variables que caracterizan a esta actividad. Alianza In, en particular, pidió revisar el impacto fiscal de la norma y abrir mesas de trabajo con el Ministerio del Trabajo y con el Ministerio de Hacienda, con el fin de buscar un equilibrio entre la protección de los trabajadores y la viabilidad operativa de las plataformas que intermediaron los servicios.
La discusión toca un punto sensible para la ciudadanía. Los repartidores y conductores de aplicaciones son uno de los grupos laborales que más creció en Colombia durante la última década, en especial tras la pandemia, y muchos de ellos dependen de esa actividad como su principal fuente de ingreso. Una subida de los costos de seguridad social puede traducirse en menor cobertura efectiva si los trabajadores o las plataformas decidieran reducir aportes, o en una presión al alza sobre las tarifas pagadas por los usuarios finales de los servicios de domicilio y transporte.
Para los usuarios, las implicaciones son directas. Un encarecimiento de la operación de las plataformas suele trasladarse a las comisiones de los pedidos, a las tarifas de los viajes y a los tiempos de espera, variables que ya han sido motivo de queja en otras coyunturas. De ahí que el debate no solo sea técnico sobre cotizaciones, sino también sobre cómo se reparten los costos entre plataformas, repartidores y consumidores.
El Gobierno nacional, por su parte, ha defendido el decreto como un avance en la formalización laboral y en la garantía de derechos de los trabajadores digitales. En escenarios previos, el Ejecutivo ha señalado que la seguridad social de esta población no puede seguir sujetas a la informalidad y que las plataformas, en tanto beneficiarias del servicio prestado, deben asumir una parte sustancial de la cotización.
Queda por verse cómo avanzan las mesas de trabajo propuestas por Alianza In y si el Ministerio del Trabajo considera ajustes al decreto antes de su entrada en plena vigencia. También está pendiente conocer las cifras reales de afiliados tras la implementación inicial, dato que será clave para medir si la promesa de mayor cobertura se cumple o si, como advierte el gremio, termina encareciendo el sistema sin traducirse en más protección efectiva para los repartidores.